El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega Díaz, tenía preparada la solicitud de privación judicial preventiva de libertad, y su correspondiente orden de aprehensión, en contra de Iris Varela, al momento ministra para el Servicio Penitenciario, según consta en un documento al que tuvo acceso El Nacional.
A Varela se le señalaron los delitos de peculado, malversación agravada, falsa alegación y asociación para delinquir vinculados “con las irregularidades ocurridas en las contrataciones públicas celebradas por la sociedad mercantil empresa Constructora Cresmo, C.A.”.
En el documento se explica que la investigación contra Varela la inició el 29 de septiembre de 2016 la Fiscalía Cuarta a nivel nacional con competencia contra la corrupción luego de una denuncia interpuesta por Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones; Daniela Guerra, directora general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado Zulia; y María Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela que “denunciaron pérdida, deterioro y daño contra bienes del patrimonio público que se encontraban bajo custodia del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario bajo la dirección de la ciudadana María Iris Varela Rangel, en su carácter de ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario”.
La medida no se ejecutó debido a que Ortega Díaz fue separada del Ministerio Público en agosto de 2017 por el gobierno de Nicolás Maduro.
Iris Varela y el centro de reclusión del Zulia
Varela anunció el 5 de diciembre de 2012 la construcción del Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia, en el municipio San Francisco, conjuntamente con el Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias.
El 17 de diciembre de 2012 el Fonep contrató a la Constructora Cresmo, C.A., para la ejecución de la obra, que se iniciaría el 2 de enero de 2013 y terminaría el 29 de mayo de 2015, conforme se desprende de la información reflejada en el Registro Nacional de Constratistas (RNC).
El 4 de diciembre de 2013 el Fonep suscribió un segundo contrato para continuar las obras, iniciando el 26 de diciembre de 2013 y terminando el 31 de diciembre de 2014.
Por el primer contrato se desembolsaron 130.660.866,54 bolívares y por el segundo contrato se adjudicaron 78.443.568,10 bolívares, para una suma total de 209.104.434,64 bolívares.
Según lo señalado por el Ministerio Público, no hubo licitaciones ni concursos, sino que la contratación se hizo por adjudicación directa, sin cumplirse para ello con los presupuestos y requisitos necesarios.
“El Centro de Reclusión no fue construido pese a las referidas asignaciones presupuestarias correspondientes al Centro de Reclusión de Procesados y Procesadas Judiciales del estado Zulia y no se ubicó detalle relativo a la rendición en la cuenta correspondiente al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario”, advierte.
El Observatorio Venezolano de Prisiones, Transparencia Venezuela y Codhez llevaron a cabo dos misiones de observación en el sitio de la construcción, la primera el 19 de abril de 2016 y la segunda el 23 de agosto de 2016. En ambas ocasiones se registró deterioro y destrucción de las edificaciones construidas, hurto de partes de la construcción, abandono y ausencia de vigilancia.
Desviación del presupuesto
El Ministerio Público señaló que Iris Varela, en su carácter de ministra, “incurrió en la desviación del presupuesto asignado y por lo tanto se presume malversación, en razón de la gran asignación inicial de recursos, la emergencia penitenciaria declarada por el Ejecutivo, la ausencia de rendición de cuenta y la no culminación de la edificación penitenciaria”.
Y agrega: Iris Varela “obvió rendir cuentas en relación a los recursos que recibió del Fondo Nacional para Edificaciones Penitenciarias para la construcción de 24 centros penitenciarios, que al día de hoy no han sido construidos”.
Detalla, finalmente, que la Contraloría General de la República nunca inició alguna investigación al respecto. Tampoco solicitó al Ministerio Público sancionar a los responsables por las pérdidas de recursos públicos.