La persecución del régimen de Nicolás Maduro se agravó en 2020: el Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela registró 325 atropellos contra trabajadores de medios de comunicación.
Detenciones arbitrarias, hechos de intimidación, ataques, amenazas y agresiones contra trabajadores de la prensa y medios de comunicación quedaron señalados en el informe anual de IPYS Venezuela, titulado El virus de la censura.
«La emergencia sanitaria por el covid-19 complicó aún más el cuadro clínico de la labor informativa, la cual sigue sin ser inmune a las restricciones impuestas fundamentalmente desde el Poder Ejecutivo».
Los hechos registrados por la organización comprendieron 338 violaciones en la categoría de agresiones y ataques, 102 por abuso del poder estatal, 63 por limitaciones de acceso a la información pública, 29 acciones legales administrativas, 13 casos de censura previa, 12 casos de censura interna y un caso de impunidad.
En detalle
Los mayores números de casos, agregó IPYS, ocurrieron en enero, marzo, abril, mayo y junio. Solo en abril se registraron 41 casos de violaciones, mientras que en marzo se reportaron 39 hechos.
Señaló que en enero, mayo y junio, en cada uno, se confirmaron 35 incidentes. En los otros meses no bajó la frecuencia de las vulneraciones: febrero (33), octubre (33), julio (32), diciembre (32), agosto (28), septiembre (18) y noviembre (13).
El instituto destacó que el hostigamiento y los hechos de intimidación fueron los riesgos más recurrentes que debieron enfrentar los trabajadores de la prensa en 2020, por lo que se convirtió en la categoría de mayor alarma.
«La seguridad, libertad e integridad de los comunicadores y de los medios se vieron afectadas por amenazas, insultos, golpes, robos, acoso, confiscaciones, allanamientos, ataques e incluso asesinatos», expuso.
Los datos de IPYS Venezuela demuestran que de enero a diciembre de 2020 ocurrieron 338 violaciones por incidentes contra la integridad física de periodistas y medios, que comprendieron principalmente 115 hechos de intimidación, 33 agresiones físicas, 27 amenazas de agresiones y 26 ataques contra sus herramientas de trabajo.
Además de 16 por la eliminación de registros periodísticos, 9 por cierres, suspensiones, incautaciones de medios de comunicación, 7 por persecuciones, 5 por acoso, 3 por desapariciones forzadas e inclusive se registraron hechos de más alta gravedad como 2 asesinatos y 1 intento de homicidio.
Casos
En agosto, mencionó el informe, destacaron como hechos de excesiva violencia los casos de José Carmelo Bislick y Andrés Eloy Nieves Zacarías, dos trabajadores de medios de comunicación asesinados bajo causas que aún se desconocen.
El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela confirmó que a Bislick lo hallaron muerto en Güiria, municipio Valdez del estado Sucre, mientras que Nieves Zacarías perdió la vida por una ejecución extrajudicial perpetrada por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales, quienes les dispararon a quemarropa en Cabimas, estado Zulia.
«El IPYS Venezuela ve con extrema preocupación que se ejecutaran estos ataques que atentan contra la integridad de los trabajadores de la prensa, y erosionan la libertad de expresión y el acceso a la información en el país», manifestó la organización.
«Recuerda a las autoridades venezolanas que deben realizar las investigaciones de estas violaciones de forma completa y efectiva. Es responsabilidad del Estado procesar a los culpables e indemnizar a las familias de las víctimas, además de garantizar los mecanismos necesarios para la seguridad y protección de los comunicadores como recomiendan organismos internacionales como la Unesco», agregó.
El informe del IPYS expuso que durante los primeros meses del año pasado las agresiones físicas y verbales hacia periodistas estuvieron relacionadas con las coberturas informativas en el Palacio Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, y en actividades vinculadas con el líder opositor Juan Guaidó, como su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, y la concentración que convocó en el estado Lara.
«Pero estos incidentes se agudizaron desde el 13 de marzo, cuando se decretó el estado de alarma por la covid-19 en el país. A partir de entonces el gobierno de Nicolás Maduro usó la pandemia como nueva excusa para atacar y censurar a los reporteros y medios de comunicación», señaló.
195 hombres, 130 mujeres
Del total de víctimas de todas las incidencias registradas (325), la organización desglosó que los hombres fueron los más vulnerables: 195 de ellos resultaron afectados por desempeñar sus libertades informativas y de opinión. En el caso de las mujeres, puntualizó, a 130 de ellas se les violaron sus derechos al libre periodismo.
El instituto determinó que los reporteros sufrieron mayores impedimentos y atropellos, con 194 de ellos afectados. También vivieron limitaciones y ataques los reporteros gráficos (32), directivos de medios (23), locutores (22), camarógrafos (19), choferes (7) y conductores de televisión (6).
Expuso que hubo restricciones contra 122 medios privados, 36 independientes, 24 extranjeros, 12 estatales, y 5 medios comunitarios. Pero las limitaciones también alcanzaron los espacios digitales: 85 los medios digitales que resultaron afectados por la censura.
«Las regulaciones y ataques hacia las estaciones de radio fueron igualmente frecuentes y perjudicaron a 49 emisoras. Después estuvieron las televisoras (28), las agencias de noticias (6), las organizaciones no gubernamentales (6) y las instituciones (3)», agregó.
En el informe del IPYS se resaltó que las detenciones arbitrarias, acompañadas de procedimientos civiles y penales, fueron el mecanismo de control que más agravó la situación de acoso y silenciamiento a las opiniones disidentes al régimen de Maduro.
«Estas prácticas discrecionales que se caracterizaron por la participación directa de funcionarios de los cuerpos policiales, militares y de inteligencia, así como de las autoridades judiciales, afectaron a 62 trabajadores de la prensa», puntualizó.
«IPYS Venezuela considera que el Estado venezolano debe ofrecer mejores condiciones para el ejercicio periodístico en el país y garantizar un proceso de comunicación libre, plural e independiente, sin ningún tipo de riesgos, amenazas y presiones».