Omar Prieto fue electo como gobernador del estado Zulia en 2017. En aquel momento el país se enfrentaba a una crisis económica sin precedentes y Nicolás Maduro se encontraba bajo asedio político. Y, para frenar el descontento de los militantes de su partido (PSUV), repartió territorios de Venezuela durante las elecciones.
Más tarde, y como establece InSight Crime en una investigación, a los gobernadores «les dio el aval para aprovechar cualquier beneficio criminal que pudieran exprimir de esos territorios». El reportaje publicado por InSight Crime describe cómo fue el paso de Prieto por la política y la corrupción.
Prieto estuvo en la gobernación de Zulia hasta el 2021. En ese momento, la situación política y económica había cambiado. Maduro quería regresar a la comunidad internacional, consolidando su poder frente a sus rivales del PSUV y, además, «poner orden en el Estado mafioso que se había robustecido durante la crisis».
Los inicios de Prieto
El primer capítulo de la investigación comienza explicando que Omar Prieto nació en 1969 en Sierra Maestra (actual municipio San Francisco, Zulia). La gente del sector le teme y está consciente de lo que ha hecho. Desde joven, formó parte de la banda Los Pulgas (cercana al clan criminal Meleán).
Más tarde, después de terminar sus estudios en Economía en la Universidad del Zulia, trabajó como representante de ventas de productos farmacéuticos. Incluso, abrió su escuela de taekwondo (disciplina que practicaba).
«Pero en la década de 2000, cuando el presidente Hugo Chávez comenzó su largo mandato como líder de Venezuela, Prieto cambió de táctica y comenzó a abrirse camino en la política», dice InSight Crime.
Omar Prieto inició con el partido de oposición Primero Justicia, pero fue rechazado debido a que quería financiamiento sin compromiso. Posteriormente, en 2005, se unió al partido de izquierda Movimiento V República (MVR) liderado por Chávez y fue elegido como representante suplente en la Asamblea Nacional.
En 2008, se postuló como alcalde de San Francisco de la mano con el partido oficialista PSUV, fundado por Chávez. Aunque ganó las elecciones, aquellos que lo conocieron afirman que el PSUV era simplemente un medio para sus ambiciones personales y que excedía los límites de lo permitido incluso dentro del partido.
Omar Prieto, presuntamente violó protocolos al llenar las filas de la policía local con contactos de su pasado, muchos de ellos sin las cualificaciones necesarias e incluso con antecedentes penales. Esto llevó a la creación de una «línea borrosa entre la policía y las mafias».
Además, la policía de San Francisco se convirtió en el brazo ejecutor de una red de extorsión dirigida al sector privado; exigiendo pagos a empresas bajo amenazas y utilizando expropiaciones para obtener dólares. Prieto cultivó una imagen de jefe de gánsteres: rodeándose de escoltas armados y mostrando su poder de manera ostentosa. Sin embargo, su popularidad en el municipio crecía gracias a su política de obras públicas.
«Financiado por el gobierno nacional en Caracas, lanzó un ambicioso programa de obras públicas que incluía acceso a agua potable, una conexión de gas estable y un nuevo hospital especializado en el tratamiento del cáncer infantil. Prieto también era políticamente inteligente, y dedicaba sus proyectos y obras públicas a Chávez», escribe InSight Crime.
La llegada a la gobernación: Prieto gánster
La transformación de Prieto en un gobernador gánster fue rápida y contó con el respaldo político de Pedro Carreño y Diosdado Cabello. Sobre ello habla el segundo capítulo de la investigación.
Siguiendo el modelo de gobernanza de la época, Prieto aprovechó su posición para obtener ganancias en San Francisco. Ascendió a funcionarios responsables de convertir la policía en una milicia ilegal, colocando a Luis Curiel al frente de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (DIEP) y promoviendo a Danilo Vílchez como secretario de seguridad del estado.
«Casi de inmediato, los abusos policiales ampliaron su envergadura. Además de los manifestantes y delincuentes comunes no alineados con Prieto, periodistas, opositores políticos y otros que amenazaban con denunciar su mafia policial se convirtieron en blanco de su administración», asegura InSight Crime.
Durante el mandato de Prieto en Zulia, se evidenciaron graves irregularidades en las fuerzas de seguridad. Vílchez, bajo su dirección, intentó estrangular a una enfermera durante una manifestación. Además, las fuerzas de seguridad llevaron a cabo operaciones extorsivas, generando un incremento en la actividad criminal. Néstor Reverol, ministro de Relaciones Interiores, suspendió a Vílchez y Curiel, reemplazándolos por otros funcionarios. Benito Cobis, quien investigaba la red de extorsión en la DIEP, fue asesinado.
Posteriormente, y según revela la investigación, se descubrió que la DIEP estaba infiltrada por agentes sin credenciales. Prieto se vio obligado a desmantelar la DIEP, pero aún conservaba el control de la Polisur. A pesar de los cambios, los abusos policiales continuaron, y numerosas personas murieron en supuestos enfrentamientos con la policía. Así, se sintió fortalecido tras sobrevivir al ataque político de Reverol, lo que lo llevó a ejercer un mayor control de manera abusiva.
«La lucha de poder con Reverol no logró mucho para restar fuerza a lo que Prieto había puesto en marcha. Durante su administración, siguió evolucionando una vasta red criminal involucrada en malversación, expropiación y extorsión. Sus integrantes hacían parte del Estado y dependían de la autoridad gubernamental para desviar las ganancias de la industria privada, la infraestructura pública e incluso las economías criminales», dice InSight Crime.
El recurso más preciado del Zulia
Prieto se apoderó del control del suministro de gasolina en Zulia, confiscando estaciones de combustible subsidiado y poniéndolas bajo el control de sus aliados. Estas estaciones también se utilizaban para el contrabando de combustible hacia el mercado negro y Colombia.
Tras su salida de la gobernación, muchas estaciones fueron devueltas a sus dueños originales, pero se descubrió que Prieto no había pagado a la petrolera estatal por el combustible suministrado durante ese tiempo. Además, el control de la gasolina le permitió establecer alianzas con comandantes militares de Zulia involucrados en el contrabando. De hecho, tenía una estrecha relación con el general Manuel Enrique Castillo Rengifo, quien se mantuvo leal a él.
Lisandro Cabello, secretario de gabinete y mano derecha de Prieto, manejaba muchas de las operaciones turbias y la relación con el ejército. El control del aeropuerto y los peajes del puente Rafael Urdaneta también fueron fuentes de ingresos para la red del gobernador.
En buena compañía
Su círculo íntimo incluyó a un grupo reducido de empresarios que se convirtieron en sus testaferros. Unos que se enriquecieron mediante la expropiación y destrucción de sus competidores. Recibieron acceso preferencial a servicios y recursos estatales, como gasolina gratuita, lo que les dio una ventaja injusta.
Incluso, entregó infraestructura expropiada a uno de sus testaferros para abrir una cadena de supermercados. Durante la inauguración, el gobernador presumió de la cantidad de dinero invertido en la remodelación de los locales. «Cerca de 700 millones de bolívares, o unos 8 millones de dólares para la época».
«Cuando los mercados, hoteles, heladerías y cafés no alineados con la administración de Prieto se vieron obligados a cerrar, los testaferros de Prieto abrieron flamantes locales nuevos, comprando infraestructura por una fracción de su precio», dice InSight Crime.
La caída
El tercer capítulo de la investigación de InSight Crime comienza en marzo de 2019. Tiempo de la más dura crisis económica y humanitaria en Venezuela. Zulia no estuvo exento: caos. Los apagones y la falta de respuesta de las fuerzas de seguridad llevaron a disturbios y saqueos en diferentes ciudades durante varios días. Esta fue la gota que derramó el vaso.
Los negocios vinculados a Prieto parecieron ser inmunes a los saqueos y, de hecho, se expandieron aprovechando la infraestructura y los bienes de sus competidores en quiebra. Sin embargo, él no se percató de que su era de exceso estaba a punto de terminar.
Las tensiones entre Prieto y Eduardo Labrador, quien era diputado en la legislatura de Zulia, habían existido desde los primeros días de la alcaldía del economista en San Francisco. Labrador se sentía marginado y ignorado por su partido, mientras Prieto se beneficiaba de comportamientos violentos y corruptos que perjudicaban a Zulia y al proyecto de la izquierda.
Después de las protestas, Labrador firmó una declaración en la que denunciaba a Prieto y al sistema chavista en Venezuela. Esto generó incomodidad en el régimen, ya que los apagones y el colapso del país eran evidentes, y la comunidad internacional apoyaba cada vez más a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Labrador y su grupo realizaron una consulta pública con la Unión Europea, lo que aumentó la presión sobre Maduro y reveló la falta de control de Prieto sobre su partido. Ante esta amenaza, adoptó una postura ofensiva.
«Labrador y su grupo fueron expulsados del PSUV y del Consejo Legislativo. Labrador fue despojado de su cargo como profesor universitario. Y en abril de 2019, las autoridades aprehendieron a Bracho y a otro miembro del grupo inconforme», explica InSight Crime.
Durante su tiempo en el poder, Prieto mostró resentimiento, impulsividad y agresividad hacia cualquier persona que considerara una amenaza política. Lo que alejó a importantes figuras del PSUV en Zulia, como el exgobernador Francisco Arias Cárdenas y el exalcalde Giancarlo Di Martino. Aunque su red se mantuvo protegida durante la crisis de Maduro, debido a la necesidad de mantener el poder, su imagen como un gobernador tipo gánster chocaba con la imagen que Maduro quería proyectar de Venezuela.
En Caracas, Prieto no era bien visto y había sobrepasado los límites aceptables, según Ricardo Acosta, expresidente de la Cámara de Comercio de Zulia.
«Por otro lado, la popularidad de Prieto se había desplomado tras los apagones de 2019. El crimen y la violencia estatal proliferaban, y Prieto había hecho pocos intentos de mejorar las vidas de sus constituyentes mediante obras públicas o programas sociales», escribe InSight Crime.
Luego de perder la gobernación
En las elecciones de 2021, y tras una fracasada campaña, Prieto perdió la gobernación de Zulia. «Pero se negó a renunciar. El derrocado gobernador socavó el traspaso de poder en cada oportunidad que se le presentó. Incluso hoy, mantiene cierta influencia sobre los sectores económico, político y de seguridad del estado».
«A pesar de la violencia electoral, el PSUV perdió en Zulia. Prieto perdió el cargo de gobernador y el partido perdió 15 de las 21 alcaldías municipales de Zulia frente a la oposición, incluida la capital Maracaibo y el San Francisco de los afectos de Prieto», sentencia InSight Crime.
Después de las elecciones, la entrega de instituciones estatales a la oposición enfrentó retrasos significativos. La administración de Prieto se resistió a ceder el control, lo que obligó a la nueva administración a identificar y reclamar los activos del gobierno por la fuerza en algunos casos. A pesar de algunos avances, como la entrega de la procuraduría, muchos edificios gubernamentales estaban en mal estado y se habían perdido archivos importantes. Hasta enero de 2023, personas afines a Prieto aún continuaban beneficiándose de activos estatales, lo que reflejaba un proceso de transición en curso y complicado.
«Él aún tiene poder, porque su gente sigue en cargos de poder, incluso en la policía», dijo a InSight Crime el exfuncionario de seguridad con conexiones entre fuerzas de inteligencia activas.
Prieto y su regreso a la política
Tras un tiempo apartado de la vida pública, incluso de las redes sociales. En 2022, repentinamente, volvió a través de sus redes. Y con ello, el rumor de su regreso a la política de la mano con el PSUV.
«Hubo rumores de que aunque el PSUV no dejaría que Prieto volviera a lanzarse a la gobernación, sí permitirían que volviera al poder como alcalde de San Francisco. Esos rumores se multiplicaron y cobraron fuerza cuando Prieto comenzó a participar en encuentros políticos de más alto nivel hacia finales de 2022», señala InSight Crime.
Hoy día, en un momento parecía improbable, se vislumbra la posibilidad real de un regreso de Prieto. Las negociaciones entre el régimen de Maduro y la oposición, que debían incluir medidas para garantizar elecciones libres y justas en 2024, se han estancado recientemente. Además, la violencia política por parte de grupos armados afines al régimen sigue en aumento.
Aunque Prieto no ha hecho un anuncio público sobre su intención de postularse en las elecciones, en un discurso al dejar su cargo insinuó sus intenciones al decir que estarán presentes en nuevos escenarios y batallas.
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