Desde el primer gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela comenzó un proceso para convertirse en lo que es hoy día:un Estado criminal híbrido, en donde las autoridades cogobiernan junto a grupos armados con el objetivo de mantener el control social sobre la población y contrarrestar las amenazas políticas, sociales y económicas.
Un investigación realizada por la organización Insight Crime, titulada El ascenso del Estado criminal híbrido en Venezuela, señala que en la actualidad Venezuela es un Estado que combina la gobernanza con la criminalidad, y donde los grupos armados ilegales actúan al servicio del Estado, mientras que en su interior se conforman redes criminales.
Desde entonces, en el país han surgido nuevas generaciones de grupos armados híbridos, que sistemáticamente se coordinan con elementos del Estado y cooperan con estos. En algunas zonas de Venezuela, las autoridades ya cogobiernan con estos grupos, trabajando mano a mano con ellos para mantener el control social sobre la población y contrarrestar las amenazas políticas, sociales y económicas.
Aunque la investigación señala que el Estado híbrido tuvo sus orígenes en la era de Chávez, fue durante el gobierno de Nicolás Maduro que la criminalidad comenzó a evolucionar y extenderse.
Actualmente, «cualquier cosa es posible: narcotraficantes financian obras públicas, colectivos administran servicios públicos, pranes coordinan traslados de presos, hasta bandas con fundaciones de beneficencia, que reciben financiación estatal para cualquier cosa, desde programas deportivos hasta clínicas».
Chávez y los orígenes del Estado híbrido de Venezuela
El primer capítulo de la investigación explica que los primeros grupos irregulares venezolanos fueron conformados cerca del 2000, luego de que Hugo Chávez ganó la Presidencia, con el objetivo de apoyarlo para mantenerse en el poder.
Los primeros grupos colectivos, llamados en ese entonces como círculos bolivarianos, estaban respaldados en organizaciones políticas y eran ideológicos, pero comenzaron a recibir entrenamiento militar, armas y financiamiento tras el golpe militar de 2002.
«Lo que comenzó como apoyo ideológico a su lucha evolucionó en una coordinación sistemática y en intercambios de recursos y servicios como armas, suministros y lavado de dinero, todos dirigidos al logro de objetivos estratégicos comunes», indica el estudio.
Chévez también se acercó y estableció lazos con los grupos irregulares de Colombia como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como con el grupo guerrillero de Venezuela, denominado Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL). Todo esto con el objetivo de contar con protección adicional que pudiese mantenerlo en el poder.
También aseguró el respaldo de las fuerzas de seguridad y de poderosos actores políticos otorgándoles cargos a los partidarios del régimen, quienes, a su vez, usaron esos cargos para montar redes de corrupción dedicadas a malversar los recursos públicos.
«Este proceso llevó al surgimiento de las redes criminales insertadas en el Estado más importantes y poderosas de la era Chávez, las células narcotraficantes conocidas en conjunto como el Cartel de los Soles, en referencia a la insignia solar en los uniformes de los generales del Ejército», señala InSight Crime.
Después del derrumbe de los precios del petróleo tras la crisis económica global de 2008, Chávez quiso explotar la riqueza mineral del estado de Bolívar para compensar los ingresos perdidos. Cuando sus intentos por nacionalizar el sector minero fracasaron, llenó el vacío dejado por el colapso de la industria con la minería ilegal.
Esta combinación de bandas delincuenciales y oro convirtió la minería en una economía híbrida: controlada en parte por la delincuencia y en parte por el Estado.
Al mismo tiempo se vivía una escalada de las tasas de homicidios y los delitos predatorios, que le valieron a Venezuela la deshonrosa distinción como uno de los países más violentos del mundo. La violencia afectó especialmente las zonas urbanas desfavorecidas, y a los centros penitenciarios. A cambio de mantener la paz, no solo se permitió a los pranes elegidos que gobernaran la vida en prisión, sino que también se les otorgó control.
Bajo el régimen de Nicolás Maduro, el rol de los grupos armados híbridos existentes comenzó a evolucionar y extenderse, mientras que se presentaron nuevas oportunidades a grupos que antes fueron antagonistas o cooperadores de asegurar ventajas convirtiéndose en híbridos.
InSight Crime recopiló evidencia en su investigación que muestra que tanto los colectivos como las guerrillas se han coordinado directamente con las fuerzas de seguridad para atacar a enemigos y rivales comunes, incluso llevando a cabo operativos conjuntos lado a lado.
El Estado híbrido ofreció soluciones al permitir que las redes criminales insertadas en el Estado trabajaran con los grupos armados en las economías criminales, y al dar vía libre al surgimiento de nuevas formas de economías híbridas, donde bienes y recursos legales controlados por el Estado se solapan con las cadenas de suministro de la delincuencia.
Actores estatales y grupos criminales se lucran de estas nuevas economías híbridas, como el tráfico de chatarra, los mercados negros, el contrabando de mercancía y gasolina.
Los colectivos, las Cupaz y la búsqueda del híbrido perfecto
Maduro creó en 2019 las Cuadrillas Defensoras de la Paz, conocidas como Cupaz, en medio de una ola de protestas que se registró en Venezuela. Estas personas fueron llamadas defensoras por militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), pero la verdad es que actuaban como un grupo armado desplegado para controlar a la población y reprimir manifestaciones.
Desde entonces, se han posicionado como la nueva evolución de los híbridos de Venezuela, grupos armados ilegales que trabajan al servicio del Estado o en coordinación con este. Y con esta evolución, se acorta más que nunca la distancia entre el Estado y estos grupos armados.
Cuando Venezuela se vio sacudida por las crisis política y económica después de que Maduro asumiera el poder en 2013, la naturaleza de los colectivos comenzó a cambiar.
El Estado venezolano, destruido por la crisis, necesitaba la ayuda de estas fuerzas más que nunca, en especial para reprimir las protestas masivas que amenazan con sacar a Maduro del poder. Pero la crisis económica lo había dejado casi en la bancarrota, y ya no podía permitirse mantener a los colectivos dentro de la nómina.
La solución fue permitir que los colectivos se criminalizaran. El gobierno les ofreció el control de los mercados negros de alimentos subsidiados, del gas de uso doméstico y de la gasolina, y miró para otro lado cuando algunos de esos grupos montaron redes de extorsión o participaron en delitos, como robos, secuestro y microtráfico.
En los cuatro años transcurridos desde el lanzamiento de las Cupaz, la red se ha extendido a 10 estados de Venezuela, según el seguimiento hecho por InSight Crime.
Aunque Lara y Caracas son reconocidos por el control social de los colectivos, en la región de Valles del Tuy, del estado de Miranda, son las bandas criminales violentas las que por mucho tiempo han controlado las comunidades.
Gobernanza híbrida y los dominios criminales del Tren de Aragua
El Tren de Aragua es la megabanda más poderosa de Venezuela y San Vicente, un amplio barrio ubicado en Maracay, la capital de Aragua, su centro de operaciones.
La historia del modelo de gobernanza híbrida desarrollado por el Tren de Aragua empieza en Tocorón. La prisión está bajo control del grupo y su líder, Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias “Niño” Guerrero, desde 2010.
Una vez en control, los criminales aprovecharon los beneficios logísticos y económicos de controlar la prisión y expandieron su portafolio con extorsiones y otras economías criminales al exterior de la cárcel, llevadas a cabo tanto por los presos que salen y entran sin problema de Tocorón, como exreclusos y bandas aliadas que controlan territorios.
Pero el grupo criminal no ha establecido su reinado solo. La ayuda de elementos del Estado que han creado alianzas para trabajar y coordinar sistemáticamente con la banda, en una especie de gobernanza híbrida que combina lo estatal con lo criminal, ha sido una de las claves de su éxito.
La corrupción en las instituciones ha sido instrumento en la expansión del Tren de Aragua. Múltiples fuentes de la investigación aseguraron que trabajadores gubernamentales, concejales y alcaldes trabajan de la mano del grupo a cambio de dinero y favores. Los cuerpos policiales también han sido cooptados por el Tren de Aragua.
Las FBL: auge y caída de una guerrilla híbrida
Surgidas como un movimiento clandestino a mediados de los años 80, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL) incursionaron en el mapa criminal venezolano como un grupo armado de izquierda integrado por intelectuales y activistas políticos que buscaron desde sus inicios luchar contra la corrupción en el país.
En 2004, Chávez invitó a los comandantes de las FBL a deponer las armas para unirse al componente civil del Ejército venezolano, también conocido como Milicias Bolivarianas.
Con el paso de los años y la llegada de Nicolás Maduro al poder en 2013, la relación del FBL con el Estado se profundizó a través de la Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora (CRBZ).
Para el régimen chavista, contar con la colaboración de un brazo armado ilegal, significó que las fuerzas armadas venezolanas no tenían que ensuciarse las manos con actuaciones extrajudiciales. Y, aunque en su tarjeta de presentación se vendían como un guardián ante las amenazas externas en la frontera, las capacidades bélicas de la guerrilla fueron mayormente empleadas a nivel interno.
En estados como Barinas, Táchira y Apure, bastiones del grupo, las FBL emplearon su fuerza para intimidar, coartar y desplazar a la oposición política venezolana. Desde represiones en manifestaciones políticas, hasta amenazas en contra de candidatos electorales, el régimen contó con la cooperación de una organización híbrida que operaba ilegalmente en nombre del Estado.
A cambio de ejercer el rol híbrido de opresor político, regulador social y protector territorial de manera extralegal, el gobierno venezolano entregó un salvoconducto a los comandantes de los Boliches para que pudieran operar sin limitaciones y con total impunidad.
A medida que el poder político de algunos miembros de las FBL aumentó, sus actuaciones se hicieron más difíciles de controlar y se crearon grietas cada vez más amplias entre la guerrilla y el gobierno.
Una vez que el gobierno decidió que esta relación ya no era de su interés, los privilegios gubernamentales desaparecieron y las vulnerabilidades de un grupo que no supo subsistir sin el patrocinio del chavismo fueron expuestas.
El desafío de Maduro: reformar el Estado híbrido de Venezuela
La combinación de gobernabilidad con la criminalidad ha ayudado a Maduro a mantenerse en el poder, a pesar de años de crisis. Sin embargo, requiere de nuevas estrategias para que el movimiento político chavista pasen de la supervivencia a la consolidación: lograr el levantamiento de las sanciones internacionales, la reactivación de la industria petrolera y apaciguar las dudas sobre la legitimidad de las elecciones en Venezuela.
Dichos objetivos serán difíciles de lograr mientras permanezcan la corrupción desenfrenada, la criminalidad y la palmaria subversión del proceso democrático que ayudó a mantenerlo en el poder. Maduro es consciente de esto y está tratando de establecer un Estado híbrido que sea más confiable, más fácil de controlar y de más bajo perfil, aunque no menos criminal.
Se puede esperar que Maduro busque poner más orden en el crimen organizado venezolano, para garantizar que los beneficios de dicha hibridez sean disfrutados solo por los socios más útiles y confiables.
Las economías híbridas han demostrado ser un arma de doble filo para el gobierno de Maduro. Por un lado, han sido una forma importante para canalizar recursos hacia los grupos armados híbridos y las redes criminales insertas en el Estado, cuyo respaldo le ha sido útil a Maduro para mantenerse en el poder. Pero, por otro lado, al hacerlo han socavado el funcionamiento del Estado, con graves repercusiones políticas y sociales.
Hay señales de que el gobierno está tratando de detener las economías híbridas más dañinas y poner en jaque algunas de las redes criminales insertas en el Estado que se dedican a dichas economías.
El mayor desafío de Maduro, y su principal objetivo estratégico, es controlar la economía híbrida más lucrativa: el comercio de oro. En este sentido, los acontecimientos del último año indican que el Gobierno trata una vez más de imponer el control estatal sobre el principal centro de minería de oro del país, el estado Bolívar.