Venezuela y Nicaragua se parecen, no solo por tener gobiernos autoritarios y personalistas que intentan controlar todo hasta el más mínimo detalle, sino porque en su simulación de democracia hacen de todo para dejar fuera del juego al contrincante, sobre todo a aquellos que tienen chance real de ganarles. Las inhabilitaciones son su mejor carta, y las usan a diestra y siniestro, ya sin ningún prurito. Solo importa mantener el poder.
El anuncio hecho este viernes por José Brito, diputado del que se despejó cualquier duda de su contubernio con el chavismo, sobre la inhabilitación de María Corina Machado, que data de 2015 y se extiende por 15 años, muestra una estrategia consistente, que ya se ha hecho efectiva en otras ocasiones, y que alcanza niveles de abuso.
No se puede olvidar que el chavismo usó la misma arma para sacar del juego a Freddy Superlano en Barinas, en un acto por demás bochornoso, pues las elecciones se celebraron y fue al momento de contar los votos que se anunció la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Luego de eso, también inhabilitaron a su esposa, Aurora Silva de Superlano, todo con la firme idea de que Jorge Arreaza lograra la gobernación en la repetición de comicios. Pero ni así; al final el opositor Sergio Garrido fue el triunfador.
#AlertaLegal El dip. José Brito informó que la Contraloría General de la República le notificó que, además de la inhabilitación por 12 meses impuesta en 2015 a @MariaCorinaYA, existe otra por daño patrimonial que la inhabilita por 15 años para ejercer cargos públicos #JusticiaVe pic.twitter.com/BxF2LUlwFn
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 30, 2023
#AlertaLegal Aunado a esto, y pese a la inconstitucionalidad denunciada, se desconoce si la inhabilitación fue oportunamente notificada a @MariaCorinaYA, y si le sería respetado su derecho a la defensa en el curso del procedimiento establecido en la ley #JusticiaVe
— Acceso a la Justicia (@AccesoaJusticia) June 30, 2023
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Más inhabilitaciones
Henrique Capriles, otro de los candidatos cimeros para la primaria opositora, también está inhabilitado. La suspensión fue impuesta en 2017 por 15 años por “irregularidades administrativas” en su gestión como gobernador de Miranda entre 2008 y 2017.
“Yo no sé para qué lo designaron porque él está inhabilitado”, dijo Diosdado Cabello, primer vicepresidente del PSUV.
Cabello, que en las últimas semanas declara más de la primaria opositora que de los líos internos de su partido, señaló que Capriles no puede participar en las elecciones presidenciales de 2024.
“No sé qué va a pasar ahí, qué creen ellos que va a ocurrir. No sé por qué lo designaron si está inhabilitado”, agregó.
Clodosbaldo Russián
En 2008, Leopoldo López también fue inhabilitado. Junto con 400 funcionarios se le prohibió postularse a cargos públicos, gracias a la intervención del fallecido contralor Clodosbaldo Russián. Ninguno pudo participar en las elecciones del 23 de noviembre de ese año.
En 2015 se inhabilitó a Daniel Ceballos, exalcalde de San Cristóbal; César Pérez Vivas, exgobernador de Táchira, y Pablo Pérez, exgobernador de Zulia, por presunta corrupción en sus gestiones.
En 2017 tocó el turno a Vicencio Scarano, exalcalde de San Diego, luego de declarar su responsabilidad administrativa. Fracasó en un intento para que la medida fuera levantada.
Otro de los inhabilitados es Juan Guaidó. El 23 de febrero de 2021 se conoció que su inhabilitación, por 15 años, se debía a que no presentó la declaración jurada de patrimonio. Guaidó ya tenía una inhabilitación previa de 2019 por presuntamente ocultar y falsear datos en su declaración de patrimonio.
En la misma fecha, el contralor Elvis Amoroso indicó que también estaban inhabilitados Julio Borges, Juan Pablo Guanipa, Carlos Paparoni, Luis Florido, Germán Ferrer, Tomás Guanipa, Rafael Veloz, Américo De Grazia, Ismael García, Freddy Guevara, Gaby Arellano, Carlos Berrizbeitia y Julio Montoya.
Otros opositores que han recibido inhabilitaciones son Manuel Rosales, Antonio Ledezma, Ramón Muchacho, Liborio Guarulla y Freddy Guevara.
La inhabilitación como herramienta de persecución
La organización Acceso a la Justicia ha advertido en numerosas ocasiones del “uso de la inhabilitación como una herramienta de persecución”.
Según datos de la ONG, entre 2002 y 2015 la Contraloría inhabilitó a 1.401 funcionarios.
En una nota publicada en octubre de 2021 recordó como Richard Mardo, Leocenis García, Eduardo Samán y Daniel Ceballos no pudieron formalizar sus nominaciones como candidatos a alcaldes y gobernadores para las elecciones de noviembre de ese año por situaciones relaciones con su inhabilitación.
“Mantenerse en el poder es la prioridad del gobierno, y para lograr ese objetivo modifica las reglas del juego con la intención de minimizar cualquier riesgo de perder las elecciones”, señaló.
“Una de las herramientas preferidas del oficialismo para conseguir esa meta son las inhabilitaciones, como ya lo ha denunciado Acceso a la Justicia, pues esta figura permite sacar de la contienda a cualquier rival de peso”, agregó.
Según la ONG la Contraloría, en manos del chavismo, no tiene poder para suspender los derechos políticos de los ciudadanos. “El ejercicio de los derechos políticos solo puede ser suspendido por sentencia judicial firme en los casos que determine la ley”, señaló.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos, al pronunciarse el 20 de noviembre de 2015 sobre la inhabilitación de Leopoldo López, determinó que las sanciones no se aplicaron como resultado de un proceso penal. Exigió al gobierno venezolano que eliminara las inhabilitaciones y que les permitiera a los afectados participar en elecciones.
Nicaragua
El 8 de febrero de 2023 el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció que al menos 14 personas fueron inhabilitados por el gobierno de Daniel Ortega, sin trámite alguno.
El 9 de febrero fueron expulsados del país centroamericano 222 ciudadanos, entre ellos siete candidatos opositores que intentaron disputar la Presidencia a Ortega, que fueron inhabilitados perpetuamente para ejercer cargos públicos. Según una sentencia del Tribunal de Apelaciones de Managua, se les suspendió de sus derechos de por vida.
Las autoridades despojaron de la nacionalidad a ese grupo, luego de aplicar la Ley especial que regula la pérdida de nacionalidad nicaragüense.