El presidente de la Comisión Permanente de Contraloría, diputado José Prat, consignó este martes en la AN un informe sobre la trama de corrupción, soborno, extorsiones y amenazas de la denominada operación Alacrán.
En el texto la comisión señala que los montos de los sobornos oscilaban entre los 750.000 y 1 millón de euros para cada parlamentario que se dejara persuadir.
El representante del estado Bolívar explicó que ofrecían, en el caso de los diputados de Amazonas, sentencias favorables para “sacarlos” de lo que el régimen llama el desacato, al mismo tiempo, se distribuyeron recursos cuantiosos que entre prebendas, asignaciones mensuales, vehículos y el soborno directo eran entre 50 y 60 millones de euros. “Esto es lo que costaría esta operación, cosa inmoral en un país que se encuentra en la situación actual”, indicó.
Precisó que a principios de año se atentó contra la institucionalidad del Parlamento cuando un grupo de diputados en complicidad con el régimen, traicionaron a sus electores y a la causa democrática, al prestarse para la violación de los derechos humanos de otros parlamentarios que tuvieron que salir del país debido a la persecución de la cual fueron objetos a raíz de la referida operación.
Prat explicó que el informe resalta la violación de la Constitución, la Ley Anticorrupción, el Código de Conducta del Servidor Público, Convención Interamericana contra la Corrupción y el Reglamento de Interior y Debate de la AN.
La información recabada se basó en testimonios, en noticias, anexos que hicieron llegar algunos ciudadanos, como por ejemplo fotos, entre otros elementos que se encuentran plasmados en el informe, detalló.
El diputado también habló sobre las recomendaciones finales del informe. Una de ellas es la solicitud de que este sea remitido al Comisionado Presidencial para la Relaciones Exteriores, así como a los representes diplomáticos del gobierno interino para su respectiva información y difusión a los organismo multilaterales correspondientes; a los gobiernos de Estados donde se tenga representación política, apoyándose con la diplomacia parlamentaria, como son: la Unión Parlamentaria Mundial, Parlamento Europeo, Cuerpos diplomáticos acreditados en Venezuela, Parlamentos Supranacionales, al Ministerio Público legítimo, con el fin de que este último inicie las investigaciones para cuando en el país haya justicia se puedan profundizar las mismas.
Asimismo, el parlamentario señaló que dada la presunción de que estos fondos provengan de actividades ilícitas, se debe alertar a los países aliados para que ese dinero no sea lavado dentro de esos Estados.
Añadió que considerando la gravedad de los hechos, exhortan a la Comisión Especial designada para intervenir e investigar las irregularidades de la gestión de la Comisión de Contraloría de la AN del año 2019, a presentar el informe preliminar o final de dicha investigación encomendada.
“Por tratarse de investigaciones conexas, consideramos que debe restaurarse la credibilidad de esta Comisión Permanente como órgano de lucha contra la corrupción y se dignifique la institucionalidad de la AN, develando las responsabilidades si hubiera lugar”.
Recalcó finalmente que este es el primer informe y a su vez indicó que faltan otros elementos para determinar la responsabilidad política.
“Queremos alertar que la Operación Alacrán continúa en una segunda etapa en la que se pretende vulnerar las siglas de los partidos por la vía del soborno, donde tratan de buscar dirigente que se presten para esta maniobra con el objetivo de legitimar el proceso electoral que ellos pretenden vender como legítimo, pero sabemos que está viciado desde su convocatoria, desde el nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE)”, alertó Prat.