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Foto: MIGUEL GUTIERREZ| EFE

Parlamentarios venezolanos activos en el actual período legislativo 2016-2021, han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos que van desde la anulación de pasaportes hasta ataques contra su integridad física. Así lo reseñó un informe presentado por la Comisión de Justicia y Paz de la Asamblea Nacional.

Este informe especial sobre la situación de los diputados venezolanos, resume las denuncias realizadas por cada parlamentario. Todos los casos se enviaron el pasado 14 de mayo al Comité de Derechos Humanos de los Parlamentarios de la Unión Interparlamentaria.

El texto precisó que los diputados venezolanos han estado expuestos a tortura, malos tratos, amenazas, intimidación, actos de violencia, arresto arbitrario, incumplimiento de las garantías procesales, violación de la libertad de opinión, violación de la libertad de movimiento y revocación de la inmunidad parlamentaria.

Ataques se incrementaron en 2019

El trabajo realizado por un equipo encabezado por la diputada Delsa Solórzano, resaltó que en 2019 los ataques contra los parlamentarios se incrementaron y las acciones son cada vez más violentas.

Tal es el caso de un grupo de diputados que se dirigía al estado Táchira en el pasado mes de febrero. En la vía, colectivos paramilitares lo secuestraron, robaron y amenazaron con armas de fuego.

Solo en el mes de mayo, el Tribunal Supremo de Justicia allanó la inmunidad de 17 diputados. De igual manera, se ordenó la detención de Edgar Zambrano, primer vicepresidente a la Asamblea Nacional.

“Ante la posibilidad de ir a la cárcel y ser sometidos a vejámenes, torturas y denegación de justicia, muchos de los parlamentarios afectados optaron por permanecer en la clandestinidad o partir al exilio”, resaltó el informe.

El trabajo menciona la decisión del TSJ de declarar en desacato a la Asamblea Nacional para tratar de anularla.

Esto ha traído como consecuencia el desconocimiento de sus decisiones, la negación de recursos, la usurpación de funciones, ocupación ilegal de sus espacios y la apropiación ilegal de sus bienes, así como agresión física y suspensión de salarios a los diputados.

El asedio contra los parlamentarios también fue mencionado en el informe realizado por Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU.