El gobierno de Nicolás Maduro imputó a Yosida Vanegas, madre de preso político Juan Carlos Monasterios, sargento mayor del Ejército en situación de retiro, los delitos de asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Así lo denunció Alberto Mamoine, abogado que lleva el caso, en conversación con Efecto Cocuyo.
“A ella la imputaron. Tuvo una audiencia de presentación por una solicitud de orden de aprehensión por necesidad y urgencia. Esa orden no pasa por el sistema de unidad y recepción de documentos. Esa orden la ejecutaron con un defensor que la asistió, pero no hubo mayor información, no hubo comunicación del Ministerio Público”, dijo Mamoine.
El abogado explicó al medio digital que interpuso el 20 de agosto un habeas corpus y una acción de amparo constitucional, pero el juez del Tribunal Primero de Control declaró improcedente el recurso. Las autoridades tampoco les permiten acceder al expediente de Vanegas, de 67 años de edad, ni informan sobre su sitio de reclusión.
A Vanegas la detuvieron presuntos oficiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar el 15 de agosto en una alcabala en la localidad fronteriza de La Pedrera, en el estado Táchira, aparentemente sin motivo alguno y sin una orden. La habrían trasladado a la sede de la Dgcim en Boleíta en Caracas, pero sus allegados no lo han confirmado.
Juan Carlos Monasterios, hijo de la desaparecida, es acusado de participar en el ataque al Fuerte Paramacay en 2017. También de liderar el supuesto ataque con drones contra Nicolás Maduro en 2018.
Familiares: persecución y amenazas
Familiares de los presos políticos en Venezuela son sometidos a persecución, humillación y amenazas. Así lo denunció el martes la organización no gubernamental Encuentro, Justicia y Perdón. Estima que hay un millar de personas que sufren estos atropellos en el país.
«Los familiares de los presos políticos de este país constantemente son sometidos a persecución, humillación, amenazas, amedrentamiento y las más variadas afrentas contra su dignidad», denunció el martes la coordinadora de esta ONG, la abogada Martha Tineo, durante un foro virtual organizado por Amnistía Internacional.
En el encuentro aseguró que se trata de al menos 1.000 venezolanos que tienen sus «vidas detenidas» y padecen consecuencias como el dolor emocional, quiebre de la fuerza moral y las secuelas psicosociales incalificables que implica tener a un familiar tras las rejas siendo inocentes, como asegura la defensa.
«Hablo del dolor de las familias enteras de presos políticos. Si contamos a sus familiares, hablaremos entonces de más de 1.000 venezolanos que sufren el rigor de la prisión política», insistió.
En el país, recordó, hay cerca de 300 personas encarceladas por motivos políticos, según organizaciones de derechos humanos.