Las autoridades de Uruguay imputaron a seis personas por explotación laboral de 28 migrantes venezolanos. Entre los detenidos están una funcionaria del Ministerio de Defensa de ese país, cuatro hombres y dos mujeres, que conformaban una red de trata de personas.
Los involucrados deberán cumplir medidas preventivas a la espera del juicio, con el uso de dispositivo electrónico por tres meses. Se les prohibió la salida del país y el acercamiento por un radio de 500 metros o comunicación con las víctimas, y se les ordenó la entrega de los documentos de viaje a los extranjeros, que se los tenían retenidos.
Todos tienen nacionalidad uruguaya, excepto una psicóloga venezolana, publicó el medio El País. Los delitos imputados son los de trata de personas y asociación para delinquir.
La Policía desarticuló la organización en la localidad de Artigas, donde forzaban a los migrantes a trabajar en una mina de extracción de piedras y vivir en ese mismo lugar, en condiciones infrahumanas.
La información, divulgada por Telemundo y confirmada por El País con fuentes policiales, señala que las víctimas eran captadas en Venezuela con la promesa de que llegarían a trabajar a Uruguay y les ofrecían grandes cantidades de dinero.
Sin embargo, solo recibían 150 dólares mensuales, pese a que también los obligaban a trabajar más horas de las acordadas inicialmente.
La investigación en curso está a cargo de la fiscal Sabrina Massaferro y se espera que pronto haya información sobre el caso.
Caso de Artigas de trata de personas: la funcionaria involucrada es una funcionaria de carrera de más de 30 años de antigüedad en el Min Def. presupuestada. No es asesora personal ni cargo de confianza. Ocupa el cargo de jefa interina de sección notarial, cargo que ejercía.
— Javier García (@JavierGarcia_Uy) February 24, 2024
«Hay que actuar con toda la firmeza»
«Son de las cosas que el Estado uruguayo tiene: los instrumentos y la institucionalidad para detectarlas y combatirlas, y en ese sentido hay que actuar con toda la firmeza y la energía», manifestó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en Artigas.
Agregó que «son cosas intolerables y merecen el máximo rechazo».
Destacó asimismo que, aun con todas las reglas del debido proceso y las garantías, espera que la causa concluya con toda la firmeza que requieren situaciones de trata de personas en el plano laboral.