El Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, en alianza con la Universidad Central Andrés Bello (UCAB) y la Fundación Konrad Adenauer desarrollaron el foro ¿Es posible el Diálogo Social?, con el objetivo de impulsar el diálogo como bastión en el progreso en el país.
Tres especialistas desde distintas perspectivas ofrecieron reflexiones por lo que coincidieron en que, si no hay actores representativos y autónomos, no hay diálogo social.
Los ponentes indicaron que el proceso, marcado más por necesidad que por convicción, depende para su progreso de la voluntad de entendimiento y de actores autónomos.
La actividad contó con la participación de Leída León Molina, especialista en Derecho Laboral y presidente de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente de Venezuela; César Carballo Mena, profesor y director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB e Individuo de Número de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales; y Jorge Roig Navarro, expresidente de Fedecámaras (2013-2015) y miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional de Trabajadores (OIT).
«Hablando se entiende la gente”
El presidente del Instituto, Ramón Guillermo Aveledo, destacó la necesidad del diálogo social, por lo que señaló que la democracia es un proyecto común y que para hacer política no es necesario ser político.
Asimismo, indicó que se debe comprender que a ninguno le va bien si a los demás les va mal, el mejor negocio es procurar conciliar, convenir, para progresar.
“En Venezuela, nos hemos asomado al diálogo social, en medio de las tensiones, contradicciones, desconfianzas, propias de quienes hemos perdido la práctica en algo que debería ser muy natural, porque, es viejo el dicho: Hablando se entiende la gente”.
El foro también contó con la participación de Felipe Capozzolo, segundo vicepresidente de Fedecámaras, quien, en su intervención, indicó que el sector empresarial cree en el diálogo social como factor de entendimiento entre sectores y de expresión de democracia como proyecto común.
Precisó que una de las grandes preocupaciones de Fedecámaras durante las conversaciones con el gobierno era tratar de construir un puente para que el diálogo se condujera por un canal institucional.
El diálogo, esfuerzo por el avance del país
León Molina, quien es además miembro de organizaciones sindicales internacionales, se refirió a la dificultad y esfuerzo de iniciar diálogo social en medio del radicalismo, la crisis económica y moral del país, al que enmarcó en el respeto de las condiciones laborales, derechos fundamentales, y normas internacionales, a la luz de los ODS de Naciones Unidas.
Precisó que es un reto inmenso sentarse en un país polarizado para hacer diálogo social, pero el objetivo es avanzar. También, refirió que el diálogo social es un proceso para construir el derecho y la gobernanza, y que ha sido el resultado de pasos de la Comisión de Encuesta (septiembre 2019), que luego fue seguida por reuniones bilaterales (enero-abril 2021), el “Gran Encuentro del Diálogo Nacional” (mayo 2021), el Foro del Diálogo Social y su instalación (marzo-abril 2022).
“Desde 2019 hasta hoy, ha habido 16 reuniones del Consejo de Administración de la OIT y lo importante es que sigue estando en agenda y lo seguirá estando hasta que se resuelvan todos los puntos de la Comisión de Encuesta. Hemos podido documentar a la OIT cuáles son las violaciones a los derechos de los trabajadores y ha habido un pronunciamiento de esta organización de deplorar los incumplimientos”, aseveró.
Impulsar condiciones sin complejos
César Carballo Mena, también jefe del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UCAB, señaló en su análisis que el diálogo social implica que el poder abra espacios a los trabajadores, empleadores y otros actores de la sociedad para compartir la actividad de concebir políticas públicas.
Destacó la importancia de los atributos en el diálogo, los cuales deben estar enmarcados en los convenios 144 y 169, a criterio de la OIT, para que no sean un montaje y funcionen.
Un primer requisito para que haya un dialogo social serio, según la OIT, es que los actores sean representativos y autónomos. Además, que el procedimiento que se diseñe debe ser consultado de forma real, efectiva, y en intervalos frecuentes de un año.
Aseguró que conviene impulsar el diálogo social por tres razones: Primera, la participación directa de la población en la toma de decisiones, la segunda, la idea inescindible de libertad sindical que supone organizarse para la defensa y promoción de intereses de trabajadores y empleadores. Tercera, la metodología idónea para gestionar la conflictividad social.
“No hay nada más peligroso que la inexistencia del diálogo social por desconocimiento de los actores y la idea del otro como enemigo. Es absolutamente esencial impulsar, sin complejos, las condiciones idóneas para desarrollar dialogo social. Sin ese esfuerzo jamás será posible un dialogo social sincero.”
Diálogo debe ser por convicción
Roig, quien es miembro del Consejo de Administración de la OIT, enfocó su disertación en responder si es posible diálogo social, un tema que consideró uno de los más importantes de la agenda pública del país, aunque se habla de este sin el conocimiento adecuado.
Para responder, optó por hacer un análisis retrospectivo desde la década de los 50 para demostrar que, si bien ha habido experiencias de dialogo social en el país, no todas han sido exitosas.
Entre 1945 y 1948, cuando se hicieron los primeros experimentos de acercamiento entre empresarios y trabajadores, fundamentalmente porque la dictadura había destruido el movimiento sindical.
Destacó el hito de 1958, con la creación del primer pacto de entendimiento obrero-patronal.
“Este fue el primer gran encuentro entre trabajadores, empleadores y gobierno, en el cual Fedecámaras, creada en 1934, se reunía con lo que se llamó un comité sindical unificado que comenzó a abordar experimentos interesantísimos, como es la libertad sindical, avances en la estabilidad del empleo y defensa del salario”.
Repasó el Pacto de Punto Fijo, fundamentalmente político, en 1958 que tocó el aspecto laboral; la Comisión de Alto Nivel, de los años 70, y el Pacto Social en los 80.
“Desde entonces, el diálogo social dejó de tener las expectativas con las que se había creado”. Mencionó también el Pacto Antiinflacionario, en 1995, que “ni siquiera el gobierno firmó, sino que trabajadores y empleadores lo acordaran”, en medio de la crisis bancaria.
“Todos los precedentes que tuvimos hasta ese momento, por motivaciones políticas de la época, fueron más obligados por las circunstancias, que por la propia convicción de un diálogo social en el país”, subrayó.
Indicó que fue en 1996, cuando hubo el último experimento importante, con la promulgación de la Ley de Seguridad Social, entre otras leyes, y la política salarial.
En 1998, con Hugo Chávez, señaló Roig, el diálogo se transformó en “el diálogo soy yo”, con 53 decretos leyes en los primeros seis meses, y con la Constitución de 1999.
Explicó que se institucionalizó el diálogo social con el concepto de diálogo social amplio (art.125), que establece una consulta en la calle, y no con actores representativos.
Agregó que, en 2012, se aprobó una ley del Trabajo que no fue discutida, y se habla de 19.000 propuestas que nadie ha visto. Con los sucesos del 2002, se marcó la muerte del dialogo social, apuntó.
Ante el organismo internacional se han demandado los conceptos de salario mínimo y libertad sindical, informó Roig.