Humberto Prado, coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), afirmó que la toma de Tocorón -el 20 de septiembre- pudo haberse llevado a cabo tras una negociación. Tal hipótesis la sostiene por diferentes motivos. Uno de ellos es que el operativo duró tan solo siete horas, esto si se le compara con otros similares que se duraron hasta más de un mes.
«Para mí y nuestra organización, OVP, esto fue negociado. Porque esta no es la primera toma que hacen las autoridades a un penal», aclaró Prado para Radio Fe y Alegría Noticias.
Añadió que le resulta extraño que un pranato con tanto poderío se rindiera tan fácilmente, sin resistencia, ante las autoridades. «Yo no me lo creo nunca».
Los pasos de Tocorón hacia algo más que una prisión comenzaron a tomar lugar en 2010. En aquel año, recuerda Prado, comenzaron las denuncias acerca de la situación en la cárcel. Falta de servicios básicos, alimentación, asistencia médica, garantías judiciales para que se respete el debido proceso; seguridad interna y que los reclusos pudieran participar en actividades deportivas, culturales, entrevistas con trabajador social y con psicólogos.
«No hemos visto unas acciones importantes para la transformación. De manera que se cumpla el fin de la pena, que no es otra cosa sino la reinserción en la sociedad», dijo Prado con respecto a la responsabilidad del Ministerio de Interior y Justicia, así como del Ministerio de Asuntos Penitenciarios.
Desde entonces, la anarquía y la violencia aumentaron, a la par que Tocorón se expandía con restaurantes, bancos, discoteca, piscina, zoológico, galleras, parque infantil, mangas de coleo e incluso un estadio con grama artificial.
Tocorón y el Tren de Aragua
Para el operativo de Tocorón el gobierno desplegó a 11.000 agentes de seguridad con el fin de neutralizar a 1.600 presos. Cifra diferente a la que maneja el OVP: 3.000 reclusos (además, tomando en cuenta que muchos de los presos entraban y salían de Tocorón constantemente y sin control de las autoridades). Y durante 7 horas se llevó a cabo la desmantelación de la banda el Tren de Aragua que opera desde allí. Todavía se encuentran miles de personas prófugos de este operativo. Entre ellos el líder del pranato, el Niño Guerrero.
Así, tomando en cuenta las características de la prisión a juicio de Prado, no debería ser sorpresa para nadie todo lo que allí se encontró. «Cuando ingresan 11.000 funcionarios, resulta que no está detenido el principal líder de ese grupo hamponil. Sino que dicen que ese personaje tenía una sentencia firme y que debía estar en libertad, pero dan unos argumentos que son demasiado vagos. Y lo primero que nos presentan es la ineptitud y la complicidad. Porque si una persona cumple la pena, qué tiene que hacer el Estado inmediatamente, ponerlo en libertad. Eso está consagrado en nuestras normas legales», agregó.
Y aunque los esfuerzos del Estado se enfocaron en desmantelar el Tren de Aragua, esta banda criminal opera en otros estados del territorio nacional: Carabobo, Guárico, Mérida, Anzoátegui, Miranda, Lara, Bolívar, Yaracuy, Trujillo, Nueva Esparta y Monagas. Además tienen presencia en otros países latinoamericanos como Perú, Colombia, Brasil, Panamá, Chile y Ecuador. «Se acabó tocorón. Pero el Tren no está desarticulado. Esta demasiado armada esa estructura a nivel nacional e internacional», apuntó.
De hecho, el Tren de Aragua -de acuerdo con cálculos del OVP- opera hasta 4 millones de dólares al mes.
«A raíz de la pandemia y la migración salieron una cantidad de personas y el Tren de Aragua tiene un poder en el paso de las trochas y eso abrió una migración importante para que desarrollaran sus actividades en esos países. Y dentro de Tocorón empieza a haber autoridad del recluso que es el pran Niño Guerrero y desarrolla una estructura de personal que son lugartenientes que tienen una figura llamada Lucero y gariteros en todo el establecimiento conformado por 400 internos y a nivel internacional con más de 4.000 personas», resaltó.
Otras tomas de prisiones venezolanas
Prado señaló que esta no es la primera toma de una cárcel en Venezuela y la duración del dispositivo le resultó extraño, pues los antecedentes indican que estos suelen durar más de 24 horas.
Por ejemplo, en 2011 en El Rodeo I y II la toma duró más de 20 días. Luego la toma y derrumbe de La Planta -en El Paraíso- se prolongó por más de 5 días. Y después el Centro Penitenciario de Mérida (2 días), al igual que Uribana, Lara. Luego la Cárcel Nacional de Maracaibo (3 días) y la Penitenciaría General de Venezuela (32 días). 6 prisiones que no tenían el poder ni la autoridad de Tocorón.
«Convierten eso en lo que ellos mismos crearon. Porque tú vas a cualquier establecimiento de Venezuela y te vas a encontrar con dos tipos de autoridades. Uno, en la puerta, que son guardias nacionales y dependen de lo que es el Ministerio de la Defensa; y una custodia interna que es responsabilidad del Ministerio de Asuntos Penitenciarios. Hay una dualidad de responsabilidades. Y cuando ingresa cualquier cosa, eso pasa por esa primera puerta; y si tiene el permiso debido, ingresa», puntualizó con respecto a Tocorón.
OVP denunció la situación en la cárcel a aragüeña hace 13 años
En 2010 el OVP denunció la situación en la cárcel del estado Aragua. «Somos la organización que solicitó medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que el Estado resguarde la vida de las personas que se encuentran bajo su responsabilidad», dijo Prado.
Sin embargo, las autoridades no han atendido la situación como es debido, pues la anarquía conllevó la formación de un pranato: el Tren de Aragua. Con el tiempo, además de cobrar -según el delito- un impuesto a los presos llamado «causa» entre 15 y 30 dólares, cometían otros crímenes. Por ejemplo, manejaban sicariato, tráfico de drogas y armas, secuestro, trata de personas, situación de migración y alimentación.
Prado calificó de un show el operativo del 20 de septiembre, pues indicó que las autoridades permitieron que la cárcel avanzara hacia ese punto. Pero el espectáculo, sin duda, fue uno violento. El OVP consiguió hablar con familiares de las víctimas que indicaron que hubo heridos, torturados y fallecidos durante el operativo.
El coordinador del Observatorio Venezolano de Prisiones puntualizó que las autoridades deben cumplir su función en cada una de las cárceles. Asimismo, deben contar con los estándares internacionales que establecen que por cada 10 reclusos debe haber un funcionario de seguridad, equipos técnicos para el área religiosa, social, área legal, deportiva y educativa.
«Cuando llegas a hacer pactos, tú le transfieres tu responsabilidad a personas que, por más que les digas líderes positivos o negativos, a la hora que cometan un error, no le podrás responsabilizar porque era tuya», expresó.