El Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 48 ataques e incidentes de seguridad durante mayo de 2021 en Venezuela, en su último reporte mensual.
Los niveles de riesgo para la defensa y exigencia de derechos humanos en Venezuela continúan aumentando. La violencia de Estado es ejercida para limitar el actuar de las organizaciones y personas que documentan y denuncian la crisis del país.
El entorno para el ejercicio del derecho a defender, promover y exigir los derechos humanos es más adverso con el pasar de los días. A medida que las agresiones y las amenazas recrudecen y aumentan y en tanto el entorno sociopolítico facilita que los actores responsables concreten los ataques, los niveles de riesgo para quienes desarrollan estas actividades incrementan.
Los 48 ataques a defensores registrados durante el mes de mayo se caracterizaron por:
Del total de los ataques documentados durante el mes de mayo de 2021, 31 estuvieron dirigidos contra las organizaciones derechos humanos y organizaciones que realizan acciones humanitarias, equivalente a un 65% del total. Mientras que 17 fueron individualizados dirigidos en contra de personas defensoras de derechos humanos, representando 35% restante.
Entre algunos de los casos destacamos la sistematicidad de las campañas de estigmatización en contra de las organizaciones de derechos humanos, criminalizadas por tener acciones en el marco de la cooperación internacional. Los señalamientos, actos de intimidación y amenazas en contra de la organización FundaRedes y su director Javier Tarazona y otros miembros del equipo fueron reiterados. Las organizaciones Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos – Provea, Transparencia Venezuela, Foro Penal, Amnistía, fueron algunas de las organizaciones objeto de señalamientos.
Aumento de restricciones al espacio cívico y democrático una amenaza a la defensa de DD HH
El Estado aumenta sus esfuerzos por obstaculizar y limitar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos y humanitarias, bajo la lógica del enemigo interno, se persigue y se agrede, con la intención de inhibir a la sociedad civil de continuar su labor en virtud de la protección del derecho a una vida digna y de exigencia del debido cumplimiento de sus obligaciones internacionales.
Las amenazas de judicialización, investigación y detención amparadas en la aplicación de instrumentos normativos creados con el objeto de obstaculizar la defensa y exigencia de derechos y para propiciar la criminalización y control de las organizaciones se acrecientan, evidenciando que defender derechos humanos en Venezuela se constituye como una labor de riesgo.
Los hechos descritos revisten gran preocupación en tanto que los discursos de estigmatización y llamados a la criminalización derivan con mayor recurrencia en la materialización de amenazas y actos violentos en contra de las personas y organizaciones defensoras de derechos humanos, aumentando los niveles de riesgo por el ejercicio de su labor.
Por ello, ante la profundización de la Política de Criminalización, exhortamos al Estado a cesar de inmediato las acciones tendientes a limitar y afectar la defensa y exigencia de derechos humanos y la acción humanitaria, pues estos son derechos reconocidos y protegidos internacionalmente.
Modificaciones a la providencia administrativa 001 continúan siendo una herramienta para restringir y controlar a las organizaciones y la sociedad civil
El instrumento normativo fue reformado y contiene algunas modificaciones, en las que se excluyen las disposiciones del texto original que establecían la divulgación al registro de la información sobre los beneficiarios de las organizaciones, así como también la supresión de los plazos establecidos originalmente para proceder al registro y para la obtención de credenciales. Sin embargo, permanecen vigentes las disposiciones relativas al control y regulación de las organizaciones no gubernamentales, particularmente en el aspecto de la cooperación internacional, bien sea técnica o de tipo financiero. Por lo que los aspectos de fondo vinculados a la criminalización, control y limitación permanecen.
Recordamos que este nuevo instrumento forma parte de un andamiaje jurídico establecido como parte de las acciones tendientes a la reducción del Espacio Cívico y Democrático, y que la intención del Estado sigue orientada a controlar y restringir el trabajo de las organizaciones. Bajo un aparente manto legal la representación estatal toma acciones tendientes a cerrar los espacios operativos de las organizaciones, estableciendo nuevos requisitos de forma ambigua y arbitraria, para su pleno funcionamiento legal.
El limitar u obstaculizar arbitraria y discrecionalmente el trabajo de la sociedad civil transgrede los principios democráticos e incumple obligaciones internacionales adquiridas por el Estado, por lo que se debe proceder a su derogación inmediata.