HRW CPI
Foto: AFP

En el transcurso de la semana pasada se generó una controversia, luego de que el gobierno de Alberto Fernández anunció el retiro del apoyo de Argentina a la demanda introducida contra Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional, CPI, por violaciones de los derechos humanos.

Al respecto, José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, HRW, señaló que eso no tendrá  influencia significativa en el proceso debido a que la CPI tiene evidencias solidas de crímenes de lesa humanidad.

Así lo afirmó Vivanco en una Radio Rivadavia de Argentina, en la que señaló que probablemente a mediados de junio la CPI debe tomar decisión respecto a Maduro.

“Indudablemente estamos en una categoría extrema de violaciones, similares a las que cometió la dictadura militar en Argentina o Pinochet en Chile“, expresó el activista.

Un error de Argentina retirar demanda en la CPI

Pese a que dijo que el retiro de Argentina de la demanda no influirá en el curso del proceso, aclaró que considera esa decisión como un «paso errado» de parte de Fernández.

Vivanco recalcó que si la CPI decide avanzar con el proceso, Maduro se convertirá en el primer mandatario de América Latina en ser juzgado en ese tribunal.

Retiro de Argentina

Argentina retiró su apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro que tramita en la Corte Penal Internacional en La Haya. La noticia trascendió el 26 de mayo, pero según el gobierno argentino el hecho se oficializó el día siguiente de que el país saliera del Grupo de Lima.

«El gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina», refiere una carta reseñada por RT.

El texto alude a la petición que interpusieron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada por Mauricio Macri–, en 2018, para que se investigara al régimen de Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.

En su momento, la denuncia fue una acción sin precedentes. Una agrupación de Estados nunca había demandado a un tercero ante esa corte.


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