Minería ilegal
Federico Parra / AFP

Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, denunció este martes que el régimen de Nicolás Maduro «ha financiado un paraestado con la minería ilegal, cometiendo ecocidio y desplazando a nuestras etnias ancestrales».

Indicó que esa es la razón por la que está señalada muchos de su integrantes son acusados de apoyar el terrorismo y el narcotráfico

Asimismo, dijo que Maduro se ha aprovechado de la crisis generada por la pandemia de coronavirus en el país para perseguir a quienes hacen su trabajo a favor de la lucha contra el covid-19.

«La dictadura ha utilizado la emergencia y la pandemia para seguir persiguiendo. Con el objetivo de esconder información, hostigan a quienes están haciendo lo posible para atender a nuestra gente», dijo durante la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional.

Minería ilegal

Por su parte, la diputada a la AN María Hernández, explicó que el pasado 7 de abril, el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico del régimen autorizó a la Corporación Venezolana de Minas la explotación de minerales en los ríos Caroní, Caura, Aro, Cuchivero, Yuruari y Cuyuní.

«Son río estratégicos que además se encuentran en áreas protegidas por las leyes venezolanas. También han sido declaras por la Unesco como patrimonio natural de la humanidad. Esto provocará la profundización de los crímenes de etnocidio y ecocidio que se suscitan al sur de nuestro país», declaró.

Este martes, la Comisión de Ambiente de Recursos Naturales y Cambios Climáticos del parlamento solicitó la aprobación de un acuerdo para declarar:

  1. La nulidad absoluta de la resolución 0010.
  2. Oficiar a las Naciones Unidas sobre el riesgo de certificación del parque nacional Canaima como patrimonio natural de la humanidad.
  3. Oficiar a todos los países aliados a la democracia y del mundo la ejecución y la amenaza de profundización de los crímenes de etnocidio y ecocidio.
  4. Iniciar el trámite para la incorporación de Venezuela al tratado de Minamata.
  5. Investigar y sancionar al ministro del del Poder Popular para la Minería Ecológica, Gilberto Pinto Blanco, y al presidente de la Corporación Venezolana de Minas, el mayor general Carlos Osorio.

El tratado de Minamata comprende el control sobre el uso del mercurio, y proteger la salud humana y al medio ambiente de sus emisiones.


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