Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, rechazó este viernes la llamada ley antibloqueo, aprobada por la asamblea nacional constituyente, al considerarla ilegal y señalar que con ella Nicolás Maduro solo busca saquear las riquezas del país.
«Una operación del dictador para seguir saqueando al país y raspar la olla, dictada por un ente fraudulento como la constituyente, no puede llamarse ley», expresó Guaidó en Twitter.
El mandatario interino dijo que las leyes en Venezuela «solo podrá aprobarlas» la Asamblea Nacional.
«Con ese instrumento ilegal (la ley antibloqueo), el dictador pretende ganar control, sabiéndose cada vez más solo y débil, tratando de ofrecer garantías y prebendas a sus cómplices», prosiguió Guaidó, que calificó a Maduro, además de dictador, de «narcotraficante y violador de derechos humanos».
«Nadie hará negocios con él y menos invertirá en Venezuela bajo su régimen. Alertamos a los inversionistas a no involucrarse en estas operaciones marcadas por el crimen y la ilegalidad», añadió.
Ley que anula leyes
La ley, denominada de «antibloqueo para el desarrollo nacional y las garantías del pueblo venezolano», la aprobaron el jueves luego de un único debate en el que no discutieron los 44 artículos, sino que tres oradores defendieron la necesidad de darle luz verde con urgencia.
Este marco legal tiene como razón de ser, según el artículo 1, proveer al «poder público» de herramientas jurídicas para «contrarrestar, mitigar y reducir, de manera efectiva, urgente y necesaria, los efectos nocivos generados por la imposición» de sanciones financieras, principalmente las aplicadas por Estados Unidos.
Según el artículo 19, «cuando resulte necesario para superar los obstáculos o compensar los daños de las sanciones» el régimen procederá a «inaplicar para casos específicos aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulta imposible o contraproducente».
El presidente de la ANC, Diosdado Cabello, insistió en que estas inaplicaciones se harán sin violar la Constitución, aunque la misma ley establece que sus apartados tendrán acción preferente sobre el marco legal preexistente.
La ley tendrá vigencia hasta que cesen todas las sanciones impuestas que, según el régimen, son más de 300 que aplicaron desde Estados Unidos.