Debido a que España aspira a tener un papel más relevante en el plano internacional, asumiendo mayor protagonismo y proyectando valores y principios que la caracterizan como sociedad, el Grupo Popular Congreso pidió al gobierno emprender acciones «para que la prensa libre en Venezuela no sea amordazada».
Esta y otras peticiones de la organización política española se dan ante el embargo de la sede de El Nacional, fundado en 1943. Esto como parte de la indemnización por «daño moral» de más de 13 millones de dólares ordenada por el Tribunal Supremo de Justicia por una demanda de Diosdado Cabello.
El Grupo Popular Congreso, mediante un comunicado que firman los diputados españoles María Martínez Ferro, Marta González Vázquez, Belén Hoyo Juliá y José Ignacio Echaníz Salgado, insta al gobierno español a ser «más activos en la promoción de la libertad de prensa en Venezuela».
Grupo Popular sobre El Nacional
Ante la sentencia del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que no respetó el debido proceso, el Grupo Popular Congreso preguntó en el comunicado «qué acciones podrá impulsar el ejecutivo de España para ayudar a cumplir con su compromiso».
El fallo publicado el pasado 16 de abril por el Tribunal Supremo de Justicia ordena que el rotativo deberá pagar a Cabello 237.000 petros al valor de cambio del día. Lo que suponía 13.369.170 dólares.
A pesar del embargo ilegal, El Nacional no se detendrá. Seguirá cumpliendo con su deber de informar a través de los mecanismos que estén a su alcance.