Durante el 52° período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el 21 de marzo se dio la actualización oral del alto comisionado, Volker Türk, sobre la situación en Venezuela. El funcionario fue designado en el cargo en septiembre de 2022, por lo que esta representa su primera actualización sobre Venezuela en el ejercicio de su mandato.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela también presentó, el 22 de marzo, su actualización oral a cargo de su presidenta, Marta Valiñas.
Presos políticos
Entre otros puntos se destacó que «el sistema judicial venezolano continúa vulnerando los derechos humanos de las personas detenidas», reseñó el Centro de Justicia y Paz (Cepaz).
El alto comisionado expresó que pese a la liberación de al menos 312 personas que se encontraban detenidas, se siguen documentado otros casos de personas que permanecen encarceladas incluso después de que se emitieron órdenes de liberación, mientras que otras se encuentran ilegalmente en prisión preventiva y otras detenidas arbitrariamente.
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela recordó que, según reportes de la sociedad civil, 282 personas, civiles y militares, se encuentran detenidas por motivos políticos.
«Además, las personas detenidas e incluso sus familiares están siendo constantemente amenazadas, son víctimas de represalias y encuentran dificultades y restricciones para acceder a alimentos y tratamientos médicos. A juicio de la misión, las reformas legales e institucionales relacionadas con el sistema de justicia han sido insuficientes y han tenido una implementación muy limitada», señaló Cepaz.
Y en el mismo sentido, tanto Türk como la misión coincidieron en la continuidad de constantes violaciones del debido proceso de las personas detenidas en Venezuela. Y denunciaron restricciones para contactar con abogados y familiares, y que las audiencias judiciales son pospuestas sistemáticamente.
El espacio cívico y democrático en Venezuela se encuentra amenazado
Los representantes de la ONU mostraron preocupación sobre ataques, intimidación y criminalización de las organizaciones de la sociedad civil venezolana. El alto comisionado y la misión señalaron que existe un historial de normativas que entorpecen el libre funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales.
En febrero, la misión publicó un comunicado en el que señaló: «La ley sobre ONG puede representar un punto de no retorno en el cierre del espacio cívico y democrático».
Al respecto, la misión advirtió en su actualización oral que decidió priorizar este asunto como parte de las investigaciones bajo su tercer mandato.
Actos de persecución y criminalización como política de Estado
Otro de los puntos por los que el alto comisionado y la misión mostraron preocupación fue el recrudecimiento de los ataques contra los medios de comunicación, el bloqueo de páginas web y el cierre de emisoras y programas de radio.
La misión indicó que existe un profundo temor a manifestar por parte de la población civil y una desmovilización de la disidencia política.
«Las graves violaciones de los derechos humanos, la ausencia de investigaciones y la falta de sanciones a los perpetradores ha producido un efecto inhibidor en los distintos actores del espacio cívico y actores políticos. Como consecuencia de ello han disminuido las protestas masivas y la represión se ha enfocado en los actores de la sociedad civil, que son percibidos como opositores al gobierno», indicó Cepaz refiriéndose a la presentación oral de la misión.
El alto comisionado y la misión no dejaron de referirse a las recientes protestas de los sindicalistas, activistas sociales y trabajadores que exigen mejores condiciones laborales y calidad de vida. Resaltaron la detención arbitraria de dirigentes sindicales que han sido acusados de terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
«Desde el Centro de Justicia y Paz, y como parte de nuestro monitoreo continuo sobre los casos de persecución y criminalización en Venezuela, mostramos nuestra preocupación por la criminalización de la protesta a través de ataques generalizados y castigos ejemplarizantes contra las personas que ejercen su derecho a expresarse, manifestarse y exigir derechos. Solo en enero de este año documentamos más de 187 casos de persecución y criminalización, de los cuales 71 corresponden a despidos injustificados de trabajadores del sector público que participaron en protestas, 14 personas fueron detenidas por convocar o ser parte de las protestas y 5 personas fueron hostigadas o amenazas por las mismas razones», indicó la ONG.
Y añadió: «Nos preocupa que en un contexto de protestas por el descontento social y en un año previo a las elecciones, lo cual puede representar una amenaza de pérdida del poder a través de la participación masiva y organizada de la población, se profundice el ejercicio de los patrones y el número de víctimas».