Durante la segunda audiencia convocada para este miércoles 8 de por la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI), los representantes del gobierno de Nicolás Maduro admitieron que la mayoría de los casos presentados ante el tribunal de La Haya siguen abiertos, por lo que se mantienen impunes.
Al inicio de esta audiencia, en respuesta al recurso presentado por el Estado venezolano en contra de la decisión de los jueces de la Sala de Cuestiones Preliminares de autorizar al fiscal Karim Khan de continuar la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza preguntó a los representantes del gobierno de Maduro el estatus de los 124 incidentes presentados ante el tribunal.
“Los datos actualizados en relación a esos 124 incidentes son: 113 se encuentran en fase de investigación, habiendo conseguido individualizar como posible responsable a 166 funcionarios públicos, registrando avances significativos; hay 3 en fase intermedia, es decir con una acusación formal; 3 en fase de juicio; y 5 condenas que se corresponden con 14 funcionarios públicos condenados”, dijo el abogado Aitor Martinez Jimenez.
“En relación a los rangos, dentro de esos 124 incidentes nos encontramos con 15 oficiales actualmente condenados, que van desde oficiales la policía hasta sargentos de la Guardia Nacional Bolivariana. Y sometidos a investigación tenemos dentro de las fuerzas de seguridad a 18 comisarios, 39 inspectores, 9 detectives, 9 supervisores, 2 oficiales jefe, 26 oficiales, y en el cuerpo militar 3 tenientes coroneles, 7 tenientes, 1 mayor, 6 capitanes y 31 sargentos”, continúo.
El abogado británico Ben Emmerson, que encabeza la representación de Maduro, dijo ante la CPI que en algunos casos se han identificado los sospechosos y en otros no, porque la investigación no ha alcanzado ese nivel.
«Ninguno de esos casos se ha cerrado o ha concluido completamente, ninguna de estas investigaciones han acabado, a raíz de las alegaciones tan importantes que suponen y son objetos de investigación continua», admitió.
#Venezuela: Hace minutos ocurrió un momento clave en la audiencia en la @IntlCrimCourt. Ante preguntas específicas de la juez peruana Ibáñez Carranza, un abogado del gobierno admitió que todos los casos identificados todavía están siendo investigados. 1/3
— Mariano de Alba (@marianodealba) November 8, 2023
Sobre esto, la Fiscalía de la CPI señaló que en 47 de los 62 casos no se identificaron a los perpetradores, mientras que 57 estaban en la fase preparatoria, es decir, la primera fase del procedimiento donde todavía no ha habido una acusación formal. Además, en 21 casos la Fiscalía vio que era una caracterización jurídica inadecuada.
En cuanto a si la justicia venezolana cubre los mismos tipos de crímenes y la naturaleza generalizada y sistemática que investiga CPI, Emmerson argumentó que los Estados no están en la obligación de investigar la misma conducta que la Fiscalía de dicho organismo y señaló que en Venezuela los crímenes catalogados como de lesa humanidad están previstos como delitos ordinarios.
En respuesta, un representante de la Fiscalía de la CPI dijo que es necesario que los Estados demuestren que investigan los mismos tipos de conducta que esta instancia. «Los procedimientos nacionales de los Estados tienen que extenderse a las afirmaciones factuales, porque si no lo hacen no podrán examinar de manera adecuada ni pronunciarse sobre la responsabilidad penal y el alcance del daño», explicó.
Además, insistió en que en Venezuela no se han investigado los elementos factuales de crímenes de lesa humanidad.
“Venezuela tuvo una posición de que no han ocurrido crímenes de lesa humanidad, que no hubo ataque contra civiles y que no hubo una política de Estado, que los hechos solo podían ser hechos aislados o abusos de oficiales públicos que actuaron para oponerse a manifestaciones violentes”, recordó.
También dijo que en los 62 casos presentados ante la CPI se demostró que se estaban procesando a los autores directos o de bajo nivel, y no a la cadena de mando.
El juez Marc Perrin de Brichambaut preguntó porqué Venezuela no ha incorporado en su legislación nacional la calificación de los crímenes de lesa humanidad que investiga la CPI, a lo que el abogado que representa al gobierno de Maduro respondió insistiendo que la nación no está en la obligación de hacerlo.
Emmerson respondió lo mismo cuando fue increpado sobre la falta de cualificaciones jurídicas o elementos de los crímenes sexuales y de género en el país.
Ante esto, la Fiscalía de la CPI informó que tras concluir su examen preliminar identificó crímenes sexuales y de género contra más de 100 personas, que fueron notificados al Estado venezolano.
Explicó que de la información suministrada por el régimen, solo había un caso referido a violación y no se calificaba como un delito sexual en el procedimiento nacional, sino como tratamiento cruel. «Investigar en base a estos elementos únicamente no necesariamente reflejará los daños graves sufridos por las víctimas de crímenes sexuales o de género», indicó la Fiscalía.
“La denominación de los crímenes puede constituir un factor importante”, destacó.