La Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela alertó sobre recientes violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro.
Los afectados fueron Carlos Vecchio, embajador de Venezuela en Estados Unidos, y Gustavo Tarre Briceño, embajador ante la OEA. Ambos designados por Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela.
También se ejercieron acciones de allanamiento a la propiedad privada de activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos la abogada Tamara Suju.
Por este motivo, el organismo del gobierno de Guaidó emitió una alerta internacional dirigida a la OEA, el Grupo de Lima, la UE y a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
«Acciones como estas constituyen una grave violación a los derechos humanos y a la propiedad privada. Al mismo tiempo que contradicen los principios de la Constitución de Venezuela y los acuerdos internacionales firmados por la República en esta materia. Por tal motivo, hacemos un llamado a todos los países y organizaciones a pronunciarse sobre el tema y a que sigan con atención estos nuevos atropellos generados por el régimen usurpador de Maduro», dice la misiva.
El documento añade que la comunidad internacional no puede tolerar la persecución y criminalización de quienes ejercen la actividad política y la defensa de los derechos humanos: «Se trata de una premisa que lesiona gravemente los principios y valores de la libertad por los que tanto ha luchado la humanidad».
Julio Borges, comisionado presidencial para las Relaciones Exteriores de Venezuela, manifestó su preocupación por estas acciones. Considera que son una maniobra desesperada del régimen en un intento de tapar las denuncias sobre sus vínculos con organizaciones narcoterroristas.