Fundaredes denunció la detención arbitraria de 32 civiles en Apure
Daniel Fernando Martínez Cervera / AFP

La organización no gubernamental Fundaredes registró la detención de 32 ciudadanos civiles de manera arbitraria durante el conflicto armado en el estado Apure, que se registra desde el 21 de marzo, y a quienes se les han vulnerado sus derechos humanos.

“32 son los civiles detenidos arbitrariamente por delitos que no cometieron, a 26 de ellos los trasladaron al área de procesados militares del Centro Penitenciario de Occidente y el resto se encuentra detenido en el Batallón 992 de Apure. Sus familiares exigen su libertad plena”, expresó la ONG a través de Twitter.

Señaló que la esposa de José Antonio Artigas, detenido arbitrariamente, denunció que lo sacaron de su vivienda el 21 de marzo, cuando comenzó el conflicto. Lo expusieron por largas horas al sol y luego lo trasladaron al Batallón 922.

El lunes 10 de mayo, señaló Fundaredes, el fiscal militar que dirige la investigación presentó actos conclusivos en la causa de los detenidos el 21 de marzo, como es el caso de Elvis Guerrero, persona con discapacidad y el joven Rafael Gómez ambos detenidos.

“Mariangel Artigas, hermana de José Artigas, exige justicia para él porque es inocente de los cuatro delitos que le imputan, es solo una víctima más del conflicto armado de Apure. Todo esto vulnera sus derechos humanos”, expresó.

“Otra víctima de detención arbitraria en el estado Apure es Carlos Favier Gutiérrez, a quien detuvieron el 21 de marzo en esta entidad. Su esposa María Vásquez exige su liberación porque Gutiérrez es el sostén de su hogar y padre de cinco niños”, agregó.

Fundaredes mencionó que Judith Uribe, esposa de Edgar Hernández y hermana de Romer Cantero, ambos detenidos en el sector La Capilla, dijo que los sacaron a la fuerza de su vivienda delante de sus hijos.

Así, la organización señaló el caso de Mónica Triana, con dos meses de gestación, a quien funcionarios detuvieron y golpearon provocándole un aborto. Exigen que se investigue su caso y se condene a los responsables del hecho.

“El conflicto armado del estado Apure provocó que más de 6.000 habitantes de distintas localidades huyeran hacia Colombia en busca de refugio y protección. Desde Fundaredes exigimos libertad plena para las personas injustamente detenidas por delitos que no cometieron”, expresó Fundaredes.

La organización afirmó que el Estado venezolano no ha brindado protección a los civiles que están en medio del conflicto armado en Apure. La situación, subrayó, vulnera los derechos fundamentales de las personas que habitan en esa entidad venezolana.


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