El dirigente opositor venezolano Freddy Guevara advirtió este lunes del riesgo que supone avalar el proceso de designación de nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que puso en marcha la Asamblea Nacional electa en 2020.
Freddy Guevara
«Avalar ese proceso pone en riesgo el proceso en la CPI, debilita la negociación en México y le da legitimidad a Nicolás Maduro». Así dijo el exdiputado en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.
La semana pasada fue juramentado por la Asamblea Nacional el comité de postulaciones judiciales. Está conformado por once diputados y diez representantes de diferentes sectores del país. Ellos deberán seleccionar a los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia
Este procedimiento comenzó luego de que los diputados aprobaron en el segundo y definitivo debate una reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Esta reduce de 32 a 20 el número de magistrados que componen la alta corte.
La Sala Constitucional estará integrada por cinco magistrados y las cinco restantes (Electoral, Político-Administrativa, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) por tres magistrados, reza el proyecto de reforma de ley aprobado, frente a los siete y cinco que tienen actualmente.
El proyecto partió del presidente del TSJ, Maikel Moreno, quien propuso a la AN promover dicha reforma. Todo, según anunció el 22 de diciembre el líder del Parlamento, Jorge Rodríguez.
Según dijo entonces Rodríguez, el objetivo es que «pueda darse un mejor manejo de las salas» del Supremo.
Al respecto, Guevara tildó de «peligroso» el procedimiento y aseguró que avalarlo sería dañino para el país.
«Hacer eso (respaldarlo), a cambio de tener unos pocos magistrados en un TSJ controlado por Maduro, sería demasiado dañino para el país», puntualizó.
A inicios del mes de enero, cuando ya se había aprobado el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del TSJ en primer debate, el Foro Cívico de Venezuela, plataforma que agrupa a 690 organizaciones y a 194 actores de la sociedad civil, aseguró que el cambio a la ley para reducir el número de magistrados de la Corte «es insuficiente» para garantizar independencia judicial.