La Fracción Parlamentaria 16 de Julio votó en contra de un informe discutido y luego aprobado en la Asamblea Nacional electa en 2015 sobre la filial de Petróleos de Venezuela Monómeros Colombo Venezolana S.A., administrada por Juan Guaidó desde 2019 cuando fue reconocido por un grupo de países como presidente interino.
La fracción condenó el documento y advirtió sobre el grave daño que tendrá esta decisión.
El diputado José Luis Pirela, miembro de la fracción, señaló que en ese debate se dejó de lado la discusión sobre los elementos de fondo para imponer una mayoría circunstancial «alicatera».
«Quedamos en la sesión anterior que íbamos a revisar las denuncias relacionadas con el bufete de DLA Piper, dejé dos proposiciones en las que hablo de solicitar la opinión del procurador sobre la contratación de ese bufete en Colombia y la proposición de solicitar una reunión con la directiva de la AN con carácter de urgencia, dada la gravedad y las implicaciones geopolíticas del tema», dijo.
En días pasados diputados de la Asamblea Nacional de 2015 realizaron una visita a Monómeros para luego elaborar el informe que sería presentado ante el Parlamento.
La comisión especial, creada por el Parlamento para supervisar la situación actual de Monómeros, estuvo conformada por los legisladores opositores Bibiana Lucas, José Luis Pirela, Marco Aurelio Quiñones, José Hernández y Yorman Barillas, quienes se reunieron con directivos de la compañía para recibir un documento detallado del manejo que se le ha dado.
Pirela aseguró que la comisión especial debió actuar en favor del cumplimiento del objetivo que le fue sido asignado y en el plazo acordado por la Asamblea Nacional, que sería de 30 días.
Esta comisión, explicó, tiene un plazo de 10 días, que se cumplió hace unos cuantos días atrás.
Afirmó también que el objetivo de la investigación no se ha cumplido porque hay un interés político de encubrir las actuaciones de la Junta Directiva de Monómeros.
«En este informe no están contemplado los actos que ha ejercido o ha dejado de ejercer esa junta directiva, no hay una evaluación del desempeño de la junta directiva, ni positivo ni negativo, aun cuando todos sabemos que esas actuaciones son ilegales, que se han firmado contrataciones que violan los estatutos de la empresa y las leyes venezolanas y colombianas; este informe no está cumpliendo con el objetivo de la investigación», denunció.
Y agregó: «Este informe pretende solapar la contratación de Lion Street, que es una aberración jurídica de un contrato por 15 años, cuando efectivamente los estatutos establecen y contemplan que no puede ser por más de 3 años. Este informe no menciona ni una palabra sobre los señalamientos que formulé en la reunión con la junta directiva, delante del gerente y de los directivos de la empresa Monómeros, sobre la trama de corrupción montada con insumos del Pacífico, con Guillermo Rodríguez Laprea como representante. Ni una palabra dice el informe sobre el tema y tampoco se refleja en el acta de la reunión donde tratamos el tema», afirmó.
El parlamentario aseguró que la comisión especial tiene totalmente desvirtuados sus propósitos.
«Es un informe cargado de retórica: 48 páginas la primera versión y 52 la segunda versión, donde no se recoge ninguno de los importantes aspectos que hemos señalado en la propuesta de reforma del primer informe. Allí se habla de reingeniería empresarial, como si nadie supiera que es reingeniería empresarial. No era eso lo que teníamos encomendado, lo que teníamos encomendado era evaluar a la empresa, su situación actual, sus tres vertientes: endógenas, exógenas y sobrevenidas, que yo he señalado con mucha insistencia y que no han sido tomadas en cuenta por una mayoría circunstancial que se ha ejercido en esta comisión.