Los cuerpos de seguridad de Venezuela han practicado 15.803 detenciones arbitrarias, todas por motivos políticos, desde 2014, señaló este martes la organización no gubernamental Foro Penal, que lidera la defensa de estos casos en el país.
El vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, explicó que del total contabilizado 9.440 personas siguen sujetas a procesos penales arbitrarios injustos, también por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares distintas de la detención preventiva.
En un foro virtual organizado por Amnistía Internacional (AI), el abogado denunció que en estos arrestos existe una absoluta ausencia de evidencias, de elementos de convicción que permitan vincular a las personas con la comisión de delitos, pero aun así se les mantiene tras las rejas.
«En la gran mayoría, casi en 100% de los casos, lo que da lugar al inicio de una investigación, o que las personas pasen años en detención preventiva sin ser juzgadas, es única y exclusivamente un acta policial o un acta levantada por el cuerpo de seguridad que realiza el arresto», sostuvo.
Himiob aseguró que también se repite el uso excesivo y arbitrario de la fuerza al momento de concretar las detenciones arbitrarias y que a las personas detenidas «se les somete, de manera inequívoca y continua, a incomunicación absoluta».
Criticó que una vez que se producen detenciones por motivos políticos, las autoridades «se niegan sistemáticamente a reconocer que (la persona) está detenida y en qué condiciones se encuentra», una situación que se mantiene durante días y a veces por meses.
El jurista señaló asimismo que persiste el uso de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por parte de las autoridades, especialmente cuando se trata de militares detenidos, así como la amenaza de agresión sexual cuando son mujeres las arrestadas.
Sobre el número de presos políticos, dijo que hay 282 materialmente privadas de su libertad por estos motivos, de las cuales 156 no han sido condenadas y 126 ya fueron sentenciadas en condiciones sumamente irregulares.
De los 156 presos políticos que siguen tras las rejas sin haber sido juzgados, 113 ya han excedido el límite máximo legal permitido de los tres años, por lo que deberían ser liberados de inmediato.