La ONG Foro Penal pidió este viernes que se evite usar a los presos políticos como piezas de negociación para ganar espacios, una solicitud que hizo ante el anuncio de diálogo que busca la oposición con el régimen de Nicolás Maduro.
«El Foro Penal no se hace parte ni apoya ninguna negociación con ese propósito concreto de utilizar a estos ciudadanos como piezas de negociación», dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en rueda de prensa.
El abogado indicó que defiende la negociación como una vía para resolver los problemas que atraviesa Venezuela, pero dijo que los presos políticos no pueden ser utilizados como piezas para el beneficio de las partes que protagonizan estos procesos y señaló que, de ser así, entonces tienen que solicitar que no haya más detenciones de este tipo.
«En una negociación, además de liberar a las personas, que deben liberarlas a todas, deben plantear también que no se encarcele a más personas», sostuvo, pues recordó que tras los últimos procesos de diálogo registrados en Venezuela la cifra de detenidos ha aumentado pese a que se han dado liberaciones.
Romero remarcó que en Venezuela hay 306 presos políticos y aseveró que todos son inocentes. Según detalló, el 85% de ellos no han sido procesados en juicio, aun cuando muchos tienen más de dos años detenidos y el Código Penal establece que un preso no puede estar encarcelado por más de 24 meses sin que sea juzgado.
El 15% restante, dijo, está procesado, pero, aseguró, tras juicios «amañados».
El traslado de los presos políticos
Por su parte, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, se refirió a la reciente denuncia de sectores de la oposición sobre el traslado de los presos políticos a cárceles comunes, y dijo que esto no es algo nuevo ni consecuencia del decreto presidencial sobre la remoción de los detenidos en sedes militares y de inteligencia.
«No se puede pensar que son consecuencia de esa gaceta oficial (…) mucho antes de que se publicara el decreto presidencial ya se venían registrando los traslados (…) esto tiene ya mucho tiempo haciéndose», indicó Himiob, quien destacó que lo preocupante de esta situación es que las autoridades no informen los sitios a los que son trasladados los detenidos.
Advirtió también que las sedes del Servicio de Inteligencia, la Dirección de Contrainteligencia Militar las Fuerzas de Acciones Especiales y las comisarías policiales no son instalaciones adecuadas para el mantenimiento de personas detenidas por largos períodos de tiempo.
Himiob consideró que el reciente decreto que ordena el traslado de los presos en las sedes militares y de inteligencia está relacionado con el examen preliminar que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela por las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
«Lo que está detrás de esto en realidad es que como en esos centros de reclusión se han reportado innumerables actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o incluso asesinatos», buscan «de alguna manera lavarse la cara ante el tribunal internacional», dijo.