La Fiscalía chilena abrió una investigación por el ataque violento a migrantes venezolanos indocumentados, cuyas pertenencias fueron quemadas el sábado en la ciudad de Iquique (norte) por manifestantes que protestaban contra la creciente migración en la zona.
La manifestación congregó a unas 3.000 personas que portaban banderas chilenas y carteles con lemas antimigración. En medio de gritos xenófobos, los más radicales quemaron las pertenencias de los migrantes, la mayoría venezolanos, que acampaban en las calles de esta ciudad de la región de Tarapacá, a unos 1.800 kilómetros al norte de Santiago.
Protección para migrantes venezolanos
La fiscal Jócelyn Pacheco de Iquique instruyó a la Policía de Investigaciones (PDI) que «realice investigación por hechos ocurridos en Iquique que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes», indicó este domingo un mensaje en la cuenta oficial de Twitter de la Fiscalía de Tarapacá.
Pacheco también «dispuso medidas de protección para las víctimas (migrantes)», quienes tras el ataque tuvieron que huir, esconderse y pernoctar en las calles y playas de Iquique, constató una periodista de la AFP.
Fiscal de turno Jócelyn Pacheco instruyó que Bicrim @PDI_Tarapaca realice investigación por hechos ocurridos en Iquique que terminaron con la quema de pertenencias de familias migrantes. Además dispuso medidas de protección para las víctimas. pic.twitter.com/rhBRC2N0J4
— Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) September 26, 2021
Violencia condenada
La protesta se registró un día después del desalojo de una plaza copada de familias de migrantes con niños. El ministro del Interior de Chile, Rodrigo Delgado, manifestó su desacuerdo con la violenta protesta.
No obstante, «vamos a seguir con los desalojos en todos los espacios públicos que se requieran» y también «con el plan de expulsiones» de migrantes indocumentados que lleva a cabo el gobierno chileno, aclaró.
La violencia en contra de migrantes en Iquique ha sido condenada por organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y el relator Especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González, quien calificó el hecho como una «inadmisible humillación contra migrantes especialmente vulnerables».
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Por su parte, Unicef manifestó «su preocupación por la situación que están viviendo niños, niñas y adolescentes inmigrantes en Iquique y pide al Estado garantizar y proteger sus derechos, cumpliendo de esta manera con los tratados internacionales suscritos por el país».
Los hechos ocurren en medio de la creciente llegada de miles de migrantes indocumentados que cruzan a pie la frontera entre Bolivia y Chile por pasos no habilitados en el inhóspito Altiplano, poniendo en riesgo sus vidas. Unos 11 migrantes han muerto en la zona en lo que va del año.
Los migrantes intentan llegar en su mayoría a Santiago. Pero los más pobres carecen de recursos para costear un viaje hasta la capital chilena y han tenido que quedarse en Iquique u otras ciudades del norte del país, acampando en las calles en precarias condiciones.