Militares de Venezuela incautaron una tonelada y media de «alimentos secos» en el estado Amazonas que entraron al país caribeño a través del contrabando. Así lo informó este domingo el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.
El cargamento, conformado también por 17 cajas de misceláneas, dos sacos de papa y uno de cebolla, lo hallaron dentro de una embarcación con «matrícula colombiana» en el río Orinoco. Y sería destinado al «sostenimiento logístico de actividades mineras ilegales», señaló el funcionario en X (antes Twitter), sin especificar si hubo alguna detención.
«No se permitirá el acceso de contrabando logístico para el sostenimiento de la minería ilegal», expresó el comandante de la FANB.
En el marco de la #OperacionAutana2023 fue localizada en la población Guachapana municipio Autana, en aguas interiores del Río Orinoco, una embarcación tipo deslizadora color blanca de aluminio, matrícula colombiana 30.524.630, con un motor de 75 HP, con aproximadamente una y… pic.twitter.com/PsE3gWajo3
— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) September 3, 2023
Hernández Lárez informó este sábado de la incautación de 1.200 kilos de alimentos de contrabando procedentes de Colombia con destino a «minas ilegales» en Amazonas.
La FANB ha incautado en los últimos días 12,6 toneladas de aguacates, que serían trasladados por una red de contrabando hacia Colombia; y 4.500 kilos de alimento para consumo animal. Este último caso durante un operativo en el que los militares detuvieron a un colombiano y a un venezolano, según fuentes castrenses.
El gobierno ha prometido combatir «con mano de hierro» a las mafias que cometen delitos en las fronteras, especialmente desde que, a finales de 2022, se normalizaran las relaciones y el flujo comercial entre Colombia y Venezuela, luego de casi cuatro años sin vínculos diplomáticos.
El contrabando de drogas, oro y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas, generan más de 9.400 millones de dólares al año a organizaciones criminales «amparadas por funcionarios corruptos», según la ONG Transparencia Venezuela.
La organización estima que el volumen de las operaciones ilegales es equivalente al 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país.