Familiares del exmilitar venezolano Ronald Ojeda ingresaron los antecedentes del caso ante la Corte Penal Internacional (CPI) para que formen parte de la investigación por crímenes de lesa humanidad.
La información fue confirmada por el abogado Juan Carlos Manríquez en conversación con BioBioChile. El penalista comentó que el objetivo es que el caso se incluya en la investigación conocida como “Venezuela I”.
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Dicha indagatoria, liderada por el fiscal Karim Khan, está relacionada con posibles crímenes de guerra, genocidio, delitos de lesa humanidad y/o crimen de agresión por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El abogado Manríquez aseguró al medio chileno Ex-Ante que la investigación ha recogido una gran cantidad de antecedentes «de quiénes han tenido que ser parte de la diáspora venezolana, tanto por razones políticas como de persecución, y aquellos que son sujetos de desplazamientos forzados. A su vez, hay quienes sostienen que existe allí una política sistemática de eliminación de opositores».
Explicó que por las características del caso de Ronald Ojeda también se puede considerar el delito de desaparición forzada.
«Puede ser un elemento más de aquellos que permiten entender que, en el concierto internacional, este tipo de conductas no se remiten solo a un espacio geográfico», agregó.
Un modus operandi «atípico»
El fiscal nacional, Ángel Valencia, abordó el pasado martes las particularidades del modus operandi de los secuestradores y homicidas de Ojeda.
«Sí es atípico y sí llama la atención el nivel de logística empleado al inicio para este secuestro en particular, pero también tenemos que recordar que no era un ciudadano común y corriente, era un exmilitar, y es posible que eso haya estado en las cabezas de las personas que planearon el secuestro», dijo a Tele13 Radio.
En efecto, son varias las dudas que circulan en torno a las razones por las que el crimen involucró un montaje -con delincuentes vestidos de policías-, el grado de conocimiento que tenían del lugar donde debían secuestrarlo y el hecho de que le hubieran dado muerte sin dispararle. No querían dejar huellas.
Un informe de la PDI apuntó a que conforme al análisis de las cámaras de seguridad del sitio del suceso -el domicilio de la víctima-, fue posible establecer «la utilización de información privilegiada para hacer ingreso de manera expedita a la vivienda del afectado, toda vez que los ascensores no se encontraban a la vista desde el sector del hall, no existiendo dudas ni búsqueda al momento de dirigirse al departamento de la víctima».
El documento también identifica a terceras personas como sospechosas de haber entregado información sobre la vivienda y el entorno de Ojeda, porque días antes del delito estuvieron recorriendo el edificio, «a modo de inspección, y sin motivo». Poco tiempo pasó desde que secuestraron a la víctima y le dieron muerte.
Pero la forma en que lo hicieron no deja de resultar al menos distinta de lo que usualmente se conoce. El cuerpo no presentó impactos de bala, aparentemente para que no se pudiera seguir alguna pista por los casquillos, sino que se estableció que murió por asfixia mecánica posicional.
Ahora se investiga si su deceso estuvo relacionado con una golpiza, pues las lesiones que presenta abren la posibilidad que pudieran subirse sobre él, presionándolo contra el suelo.