El preso político Alejandro González, expareja de la defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, no tuvo acceso a sus abogados de confianza durante una reciente audiencia preliminar realizada por el Tribunal segundo de Control contra el Terrorismo de Venezuela.
González, expiloto y gerente local de la petrolera estadounidense Chevron, fue imputado por la fiscalía como presunto responsable de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación en el caso de una supuesta conspiración.
Actualmente solo cuenta con defensores públicos que hasta el momento no han ejercido sus funciones, según abogados de confianza, a quienes no se les ha permitido juramentarse.
San Miguel también fue señalada por terrorismo, entre otros delitos, y permanece recluida en la sede del Sebin, en el Helicoide, donde espera que se realice la audiencia, pero hasta la fecha tampoco ha podido designar sus abogados.
El abogado Joel García, quien es parte del equipo de defensa de ambos, informó que el juez Carlos Liendo realizó la audiencia de González el 2 de mayo, en horas de la noche y de forma telemática.
Dijo, según Diario Las Américas, que el procesado “se negó por no contar con su defensa de confianza”, lo que significaría una persistente violación del derecho al debido proceso que ha caracterizado este caso.
González y San Miguel fueron detenidos el 9 de febrero pasado, en horas de la noche, por funcionarios de la Diección de Contrainteligencia Miliatar, en el contexto de una investigación la supuesta conspiración que en enero fue denominada Brazalete Blanco.
Alejandro González es uno de los más de 45 presos políticos que fueron trasladados sin aviso el 4 de abril desde los calabozos militares de la policía Digcim y de Ramo Verde hasta la cárcel de El Rodeo, en el estado Miranda.