Javier Tarazona, El Nacional
El activista venezolano Javier Tarazona. Foto: EFE

La ONG Acceso a la Justicia exigió este viernes al Estado investigar y sancionar a los responsables del maltrato del activista Javier Tarazona, detenido en julio de 2021, a quien han «sometido a tortura, incluso psicológica», denunció la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU.

«Exigimos no solo la liberación inmediata del compañero Javier Tarazona, una persona inocente que no cometió ningún delito, sino también la investigación y sanción de los responsables de su tortura», dijo Alí Daniels, director de la ONG.

Expresó que, con «mucha alarma», ven «como en el informe de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela se denuncia que el compañero Javier Tarazona ha sido objeto de torturas».

«Esto es gravísimo, tanto por el hecho de la tortura en sí, como porque a esta persona arbitrariamente la detuvieron y sus derechos fueron violados desde el primer día de su detención. Le han negado la posibilidad de escoger a un abogado de preferencia», agregó.

Inicialmente lo arrestaron junto con su hermano Rafael Tarazona y el también activista Omar de Dios García, excarcelados posteriormente aunque también deberán ir a juicio.

Todos están acusados de terrorismo e instigación al odio

A los tres los detuvieron cuando acudieron a la sede de la Fiscalía en Coro, estado Falcón, a denunciar que eran víctimas de acoso y persecución por funcionarios de la policía, agentes Sebin y sujetos sin identificar, denunció entonces la ONG Fundaredes.

Daniels exigió que se preste atención médica a todos los presos «que no tienen acceso a medios mínimos que garanticen su salud», entre ellos Emirlendris Benítez, vinculada presuntamente con el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro en 2018, quien «ha sido objeto de tortura y se encuentra en silla de ruedas por falta de atención».

Este viernes, la presidenta de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, Marta Valiñas, reiteró que «las investigaciones nacionales, cuando se llevan a cabo, tienen alcances limitados y se dirigen contra autores materiales de bajo nivel».

«Se necesitan esfuerzos concertados para abordar los problemas estructurales derivados de la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia», dijo.


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