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Bolívar y Amazonas son dos de los estados venezolanos más afectados por la minería ilegal. Crédito de la imagen: Cortesía del Grupo Orinoco Energía y Ambiente para SciDev.Net.

Militares evacuaron a un total de 1.281 personas que habitaban en zonas en las que se practica la minería ilegal en el estado Amazonas, informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez.

«Han sido desalojadas, de manera voluntaria y atendiendo su bienestar, 1.281 personas, quienes, de manera voluntaria, comprendieron que ningún derecho humano prelará (será preferente) sobre los derechos ambientales», indicó a través de Twitter, donde compartió fotografías del operativo.

Este plan de evacuación voluntaria entró en vigencia el sábado y tiene como objetivo sacar a quienes viven en las cercanías de todas las minas del estado Amazonas, explicó el domingo el comandante, sin indicar cuál será el destino de las personas desalojadas.

Dijo asimismo que luego de este plan de desalojo, evacuación, desmantelamiento de campamentos y destrucción de materiales, se iniciará un programa de reforestación en Amazonas.

Hernández Lárez informó este lunes de la incautación y destrucción de materiales usados para la depredación ambiental que fueron localizados el domingo en una de las minas en las que aplicaron el plan de desalojo.

Se trata de 28 motores, 195 motobombas, 14.800 metros de manguera de alta presión, 130 envases cargados con combustible tipo diésel y 18 plantas eléctricas, entre otros materiales usados para la extracción minera, así como 130 estructuras improvisadas para dormitorios y depósitos logísticos.

El jefe militar no aclaró si hubo detenidos en esos procedimientos.

El 19 de junio, el presidente Nicolás Maduro ordenó a la FANB continuar con su batalla en el sur del país para limpiar de la minería ilegal toda la región de la Amazonía, habitada casi exclusivamente por comunidades indígenas.

Organizaciones no gubernamentales aseguran que los militares han abusado de su autoridad en algunos de estos operativos, en los que, denuncian, se han cometido atropellos contra las personas que residen en esas zonas.


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