El gobierno de España propuso una iniciativa para que la Unión Europea (UE) no renueve las sanciones que desde 2017 comenzaron a imponerse contra Venezuela y que afectan directamente a 55 dirigentes chavistas cercanos a Nicolás Maduro, entre ellos generales, jueces, rectores electorales y funcionarios de organismos de seguridad del Estado.

La UE prohibió la entrada en su territorio de los 55 sancionados, además de ordenar que se congelaran todos sus bienes y activos en la Unión. Las sanciones también suponen el embargo para la venta de armas, usadas por las fuerzas policiales y militares para la represión contra la sociedad civil.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, propone perdonar a estos 55 dirigentes chavistas alegando la reciente flexibilización de las sanciones que ha hecho Estados Unidos en el campo energético. Sin embargo, la administración de Joe Biden mantiene todas las sanciones personales.

Entre los 55 sancionados por la UE se encuentra, de acuerdo con el diario El Mundo de España, Diosdado Cabello, cuya inclusión en la primera lista de sancionados provocó la expulsión del entonces embajador español, Jesús Silva, quien regresó al país tres meses más tarde.

La lista también incluye a la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, quien protagonizó un escándalo por entrar España a través del aeropuerto de Barajas, pese a estar sujeta a sanciones.

Otros líderes bolivarianos sancionados son el antiguo ministro del petróleo, Tareck el Aissami, y el gobernador fronterizo Freddy Bernal. También se encuentran en la lista funcionarios militares, como el mayor general Antonio José Benavides, antiguo comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el actual ministro de Energía Eléctrica, el general Néstor Reverol, quien estuvo al frente del Ministerio del Interior y de la GNB.

Otros generales como Sergio Rivero, Jesús Suárez Chourio y el almirante Remigio Ceballos, actual ministro de Interior, también están sancionados.

La UE tuvo especial empeño en sancionar a quienes participan de forma directa, o bajo sus órdenes, en las torturas que se aplican a los presos políticos, recogidas en todos los informes de Naciones Unidas y de las organizaciones pro derechos humanos. Uno de los más conocidos es Alexander Granko, teniente coronel acusado de dirigir lo malos tratos personalmente en los calabozos de la Dirección General de Inteligencia Militar (Dgcim).

Al coronel Hannover Guerrero, que ejercía como jefe de investigaciones de la Dgcim, y al general Rafael Franco Quintero, se les señala por la brutalidad que se emplea contra los detenidos en la sede de Boleíta.

Al frente de todos ellos ha estado el mayor general Iván Hernández Dala, director de la Dgcim y también jefe de la Guardia de Honor Presidencial. Asimismo, contra el general en jefe Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y exministro del Interior, pesan graves acusaciones por violar los derechos humanos.

Tarek William Saab, fiscal general del gobierno de Maduro, apareció en el primer grupo de sancionados, así como también el magistrado Maikel Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) durante cuatro años. Otros siete jueces del TSJ y seis rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE) figuran en la lista negra europea.

En la lista también figuran varios de los diputados captados por el empresario colombiano Alex Saab, actualmente a la espera de juicio en EE UU. Los manejos de José Brito, Bernabé Gutiérrez, Luis Parra y José Gregorio Noriega, entre otros, tampoco pasaron desapercibidos en su día ante los ojos de Bruselas.


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