Pedro Vaca El Nacional
Foto: Archivo

Pedro Vaca, relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), se refirió a la arremetida del régimen de Nicolás Maduro contra El Nacional.

El funcionario expresó la preocupación del organismo por la sentencia del TSJ del madurismo que exige a El Nacional pagar más de 13 millones de dólares a Diosdado Cabello. Esto como castigo por replicar un reportaje originalmente desarrollado y publicado por el diario español ABC, en el que se vinculó a Cabello con actividades ilícitas.

«Desde que se publicó esa decisión judicial ha despertado nuestra mayor preocupación. Hemos estado documentando la situación no de ahora sino de hace varios años. Se trata de una serie de acciones seguidas en el tiempo que atentan contra un medio de comunicación», dijo el relator especial de la CIDH en entrevista con NTN24.

Agregó que se trata de una decisión que contraviene estándares interamericanos de derechos humanos sobre el derecho a la libertad de expresión.

«Por el lugar donde ocurre, con las condiciones maltrechas y absolutamente erosionadas del Estado de Derecho, la medida tiene un impacto importante y que además puede anticipar la intención de acabar todo un medio de comunicación, en tanto que la cifra es absolutamente exagerada, salida de proporción y que sin duda se plantea como una mordaza adicional en un país en el que ya venimos registrando exageradas acciones de censura», advirtió.

El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos deseó que ese no sea el desenlace.

Vaca señaló que hay tres dimensiones que considerar respecto a la medida contra El Nacional: el denunciante (Diosdado Cabello), las condiciones del sistema judicial y lo que concierne al ejercicio de la libertad de prensa.

«En cuanto a lo primero: en las sociedades democráticas las personas que tienen responsabilidades publicas y ocupan una posición de poder no están para domesticar a los medios de comunicación; sino al contrario, para rendir cuentas. Esta es una decisión que por las condiciones y el lugar que ocupa en la sociedad quien está denunciando es una suerte de desafío al sistema democrático porque pasa del lugar de escrutado al lugar del aleccionador», dijo sobre Diosdado Cabello.

Unido a ello, señaló que la decisión del TSJ madurista tiene una dimensión en lo que concierne al Estado de Derecho, al no funcionar el órgano judicial como contrapeso del poder ejecutivo sino como un aliado.

«Partimos de que una sociedad democrática no solo necesita poderes ejecutivos sino también frenos y contrapesos institucionales. Por ello, el poder judicial es uno de los frenos y contrapesos del poder público y debe jugar a hacer control ante las iniciativas de las autoridades», recordó.

«Pero en este caso no tenemos un contrapeso, tenemos un acelerador de la arbitrariedad, un acelerador de la intención que manifiesta el denunciante, casi anticipando lo que va a pasar después de la condena; anticipando qué va a pasar con la sede del medio de comunicación; anticipando cuál es a su juicio un buen destino, cuando en una sociedad democrática existe la propiedad privada y existe el respeto a los medios de comunicación», indicó.

 


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