Foto: Nicolás Maduro (@NicolasMaduro)

Entre 400 y 500 reos escaparon con Héctor Rusthenford Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, del Centro Penitenciario de Tocorón, estado Aragua, luego del operativo que llevó a cabo el gobierno para tomar control de la cárcel que funcionaba como base de operaciones del Tren de Aragua.

Según el periodista de Sucesos Román Camacho en entrevista para Unión Radio, los fugados presuntamente se desplazaron por las zonas montañosas que dan hacia El Junquito.

A pesar de esto, las autoridades consideran que la Operación de Liberación Cacique Guaicaipuro, como denominó el gobierno la acción en la que participaron al menos 11.000 funcionarios, es un paso para lograr la desarticulación del Tren de Aragua, que se ha expandido a países como Chile, Perú, Colombia o Ecuador.

“La operación fue un éxito porque tomaron control del centro de operaciones, pero éxito al 100%, que hayan acabado con el Tren de Aragua, eso es un camino todavía por recorrer”, dijo Camacho.

“Ahora hay que ver dónde se van a ubicar, si se fueron a otro sitio. Ver si los delincuentes huérfanos vienen a Caracas, a Petare, con las bandas de ahí. No se sabe qué pasará con esa estructura. Pero es un golpe porque (la banda) está siendo desplazada por lo menos en Venezuela”, agregó.

Carlos Nieto Palma, coordinador general de Una Ventana a la Libertad, aseguró el miércoles que con el megaoperativo el gobierno de Nicolás Maduro reconoció el caos penitenciario en el país.

«Con esta acción el gobierno está reconociendo el caos penitenciario que vivimos y lo negligente que ha sido en solucionarlo, especialmente en este recinto», expresó en un comunicado publicado en la página web de la ONG.

El abogado recordó que el problema real de Tocorón no es algo nuevo: «Hace muchos años que el control de la cárcel lo tienen los pranes encabezados por el Niño Guerrero, igual es el centro de operaciones del Tren de Aragua, una megabanda que ya tiene ramificaciones en países como Brasil, Colombia, Perú y Ecuador».

Pidió a las autoridades garantizar los derechos humanos de los privados de libertad que estaban en el recinto carcelario.


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