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Una mujer protesta en una marcha de educadores en Caracas, el 27 de marzo de 2023. Foto: Yuri CORTEZ / AFP

En Venezuela solo 34% de las organizaciones civiles considera que es posible ejercer la libertad de asociación, según señala el informe Situación de la libertad de Asociación en Venezuela publicado por la ONG Promedehum.

La organización indica en la introducción del estudio que entre los objetivos del chavismo se encuentra el control sobre la información que se emana del país, así como su difusión y la forma en que se da a conocer.

“Para esto, ha trabajado en dos líneas de acción: una, controlar la mayor cantidad de medios de comunicación con señal abierta (…) y dos, hostigando y persiguiendo a cualquier persona u organización cuyo trabajo desmienta el discurso positivo sobre la acción del gobierno”, explica el informe.

Subrayó que en un contexto en el que se reprimen las protestas las organizaciones civiles, así como los defensores y activistas, “se convierten en el enemigo interno para el Estado. Voces que acallar mediante ataques y deshumanización”.

En 2022, según han expresado las organizaciones civiles, hubo un retroceso de 73,6% en el ejercicio de la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, lo que se conoce como “espacio cívico”.

28,3% de las organizaciones que trabajan en Venezuela no están debidamente registradas y 54,7% de las que lograron hacerlo se han encontrado con obstáculos del Servicio Autónomo de Registros y Notarías (Saren).

Entre los obstáculos recurrentes que han conseguido las personas en los registros principales están los siguientes:

  • Prohibición presidencial de registro de organizaciones.
  • Prohibición de registros de organizaciones fuera de la capital.
  • Registro de organizaciones exclusivamente en una supuesta oficina contra el terrorismo en la capital.
  • Suspensión de registro de nuevas organizaciones.
  • Suspensión de registro de ONG, tomando en cuenta que en Venezuela las figuras jurídicas permitidas son asociaciones civiles sin fines de lucro o fundaciones.
  • Prohibición de registros o actualizaciones de organizaciones con objetos fundacionales relacionados a derechos humanos y LGBTIQ+.
  • Requisitos fuera de la ley para registro de asociaciones civiles sin fines de lucro.
  • Afirmaciones sobre una supuesta circular recibida por la oficina de registro donde se expresa la suspensión de registros para organizaciones.

En cuanto a actos violentos, 54,7% de las organizaciones denunció haber sido víctima en 2022 de algún tipo de ataque, tales como persecución o acoso, vigilancia, ataques digitales, difamación, amenazas desde el poder, robos a sedes, suspensión de actividades formativas, discriminación de grupos LGBTIQ+ pro gobierno, limitaciones para acceder a centros hospitalarios, entre otros.


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