En Gaceta Oficial Nº 42.827, de fecha 27 de febrero de 2024, fue publicada la derogación de la Providencia Administrativa CJ/012/2023, del Instituto Postal Telegráfico (Ipostel), que regulaba el servicio de entregas a domicilio y creaba un importe de 1% sobre todas las encomiendas concretadas a través de aplicaciones digitales.
De esta manera se hace oficial el anuncio hecho por el gobierno de Nicolás Maduro el pasado 29 de febrero, apenas 48 horas después de que se difundiera la normativa que establecía crear un registro obligatorio, manejado por Ipostel, en el que las empresas debían pagar un costo de 300 dólares para obtener una licencia que les permita hacer entregas a domicilio.
El ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, aseguró en esa oportunidad a través de un comunicado que la decisión se tomó luego de una reunión entre las autoridades y representantes de las empresas operadoras de servicio de encomiendas a domicilio, que tuvo como propósito «avanzar en un plan conjunto de trabajo».
En dicho encuentro, se acordó «transferir» el Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (Ipostel) al Ministerio del Poder Popular para el Transporte: «Decisión que fue acogida con gran beneplácito por parte de las empresas prestadoras de “Delivery”».
La controversial providencia establecía además un pago anual de 240 dólares por el mantenimiento del permiso y un sistema de sanciones, que incluía una multa de 6.000 dólares a los operadores que reincidieran en el incumplimiento de los lineamientos, en vigor desde la fecha de publicación de la gaceta.
