Elisa Trotta Gamus, representante del gobierno interino de Juan Guaidó en Argentina, rechazó que el gobierno de Alberto Fernández retiró su apoyo a la demanda que el Grupo de Lima interpuso contra el régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI).
«Lamentamos profundamente esta decisión del gobierno argentino, que lejos de defender la justicia y los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, de manera probada y documentada», dijo.
Recordó que en 2018, cuando el Grupo de Lima solicitó a «la Fiscalía de la CPl que iniciara una investigación sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, lo hizo con datos sólidos».
«Ponerse del lado del opresor, ni contribuye a recobrar la democracia, la paz y la libertad en Venezuela; ni mucho menos enarbola las banderas de la justicia. Un demócrata debe, siempre, poner la defensa de los derechos humanos antes que su ideología», expresó.
Lamentamos profundamente esta decisión del Gobierno argentino, que lejos de defender la justicia y los derechos humanos de miles de víctimas venezolanas, beneficia a quienes han cometido crímenes de lesa humanidad, de manera probada y documentada. https://t.co/zE7BH8iVIo
— Elisa Trotta Gamus (@EliTrotta) May 26, 2021
Retiro de apoyo de Argentina
Argentina retiró su apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro que tramita en la Corte Penal Internacional en La Haya. La noticia trascendió hoy, pero según el gobierno argentino el hecho se oficializó el día siguiente de que el país saliera del Grupo de Lima.
«El Gobierno de la República Argentina se retira de dicha remisión como así también de toda presentación realizada en ese marco, incluyendo la Nota OI 48/2019 del 30 de septiembre de 2019 vinculada a un informe elaborado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Argentina», refiere una carta reseñada por RT.
El texto alude a la petición que interpusieron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentina –en ese entonces gobernada porMauricio Macri–, en 2018, para que se investigara al gobierno de Nicolás Maduro por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad.
En su momento, la denuncia fue una acción sin precedentes. Una agrupación de Estados nunca había demandado a un tercero ante esa corte.