La decisión judicial que otorga al presidente interno de la República, Juan Guaidó, el control de las reservas de oro que Venezuela tiene en Inglaterra avivó la dicotomía política del país en medio de las celebraciones del antichavismo y la condena por parte del régimen de Nicolás Maduro.
El Tribunal Superior británico dictó que la junta «ad hoc» del Banco Central de Venezuela, designada por Guaidó y encabezada por Ricardo Villasmil, y no de la nombrada por Maduro, presidida por Calixto Ortega, tendrá autoridad sobre las riquezas depositadas en el Banco de Inglaterra.
El dictamen, que sienta precedente, significa que el Banco de Inglaterra puede recibir instrucciones del equipo de Guaidó.
En un momento en que la popularidad de Guaidó no pasa por su mejor punto, se produce esta sentencia que se basa en el reconocimiento inequívoco del líder opositor como presidente interino constitucional.
Guaidó ya ganó otras batallas legales en el extranjero, en países que lo reconocen como mandatario legítimo, y ahora tiene el control de miles de millones de dólares y de activos de Venezuela en el exterior como fue el caso de Citgo, la principal filial de la petrolera estatal Pdvsa.
El político de 36 años de edad, que no controla ningún aspecto de la burocracia dentro de Venezuela, celebró la decisión y aseguró que con ello ha protegido estas riquezas de un saqueo.
«Protegimos las reservas en oro de las garras de la dictadura. Nuestras reservas se mantendrán como tal y en Inglaterra para su protección, del proceso judicial y de su integridad. ¡Oro protegido del saqueo del régimen!», escribió en Twitter.
El opositor compartió en la misma red social un comunicado emitido por su gobierno en el que celebran con beneplácito el fallo.
«Esta decisión contribuye inmensamente en la protección de los recursos de los venezolanos de las garras de la dictadura corrupta… Lo sucedido no sólo es una victoria para el pueblo de Venezuela sino que es una victoria para la defensa del Estado de derecho», dice el escrito.
Reclamo de Maduro por el oro
El régimen de Maduro, por su parte, calificó como un delito de exterminio que el juez Nigel Teare les haya negado el acceso al oro.
«Negar el oro a Venezuela para atender la pandemia es cometer delito de exterminio», dijo en la televisión pública Delcy Rodríguez.
El régimen venezolano pidió hace meses al BoE que transfiriera 930 millones de euros de la reserva de oro a un fondo de la Organización de Naciones Unidas, señalando que los recursos serían usados en la lucha contra el covid-19.
Rodríguez apuntó que esta decisión es un absurdo, puesto que los intercambios diplomáticos entre Venezuela y Reino Unido se hacen a través de la Cancillería que responde a Nicolás Maduro y no por la que nombró Guaidó.
«El embajador de Reino Unido en Venezuela, Andrew Soper, presenta sus cartas credenciales ante el presidente de la república Nicolás Maduro, las cartas credenciales que firmó la reina Isabel II», añadió.
Desde que Venezuela pidió al BoE la transferencia de los recursos, prosiguió Rodríguez, 47 personas han muerto y más de 5.000 se han contagiado del nuevo coronavirus.
Señaló que el gobierno interino que Guaidó dice presidir es artificial y enmascara un proyecto para despojar a Venezuela de sus riquezas.
Los recursos no se utilizarán a corto plazo
El equipo de Guaidó, aunque celebró, dejó claro en su comunicado que el proceso judicial en Londres continúa por lo que estos recursos protegidos se mantendrán en el Reino Unido y no serán usados en el corto plazo.
Mientras tanto, la llamada revolución bolivariana remarcó que apelará inmediatamente la decisión que, insisten, pretende privar al pueblo venezolano del oro para hacer frente a la pandemia por el covid-19.
Maduro, además, solicitó a los órganos de la Justicia una investigación para determinar responsabilidades penales en este caso y prevé denunciar en todas las instancias internacionales esta decisión, o al menos así lo comunicó este jueves Rodríguez.
El chavismo, subrayó, persistirá en la batalla judicial para acceder a este oro.