El monitoreo cercano de los organismos internacionales de la situación en Venezuela es el principal muro de contención contra el aumento del aumento del autoritarismo y las violaciones a los derechos humanos, afirmó Rafael Uzcátegui, del Programa Venezolano de Educación-Acción.
«Obligando a las autoridades a tomar decisiones para mejorar algunos casos concretos. Por eso, vamos a pedir a la comunidad internacional y a sus instancias seguir haciendo este trabajo sobre nuestro país, en el caso de los organismos que tienen responsabilidad en derechos humanos», manifestó el sociólogo en un video difundido en las redes sociales de Provea.
Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, presentó el jueves un actualización sobre la situación de Venezuela. Afirmó que la reforma del sistema de justicia es un paso que conduciría a una transformación institucional y reconoció que en los últimos seis meses ha habido algunas iniciativas que abren oportunidades para la implementación de importantes recomendaciones.
La expresidenta de Chile resaltó asimismo la restructuración de la Policía Nacional Bolivariana, el freno al enjuiciamiento de civiles por tribunales militares, las medidas adoptadas para hacer frente al hacinamiento en los centros de detención preventiva y la disolución de la Fuerza de Acciones Especiales.
Misión de Determinación de Hechos
Uzcátegui señaló que solicitarán al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el próximo mes de septiembre que se renueve el mandato para que la Misión de Determinación de Hechos pueda continuar trabajando sobre el país.
«Bachelet reconoció las reformas en materia policial y judicial anunciados por el Ejecutivo nacional. Sin embargo, alertó que continúan existiendo desafíos en el respeto al debido proceso y explicó con que existían en Venezuela seis personas con boletas de excarcelación y que, a pesar de eso, han continuado tras las rejas», expresó.
«Ella reiteró que todas las personas detenidas arbitrariamente en Venezuela tenían que recuperar inmediatamente su libertad y, además, en el caso de que continuaran detenidas, deberían de tener acceso a una atención médica adecuada», agregó.
El sociólogo recordó que la alta comisionada alertó que siguen el acoso y la persecución contra el espacio cívico, donde documentaron 93 situaciones. Entre ellas, 24 casos de estigmatización contra periodistas y defensores de derechos humanos.
«Ella se refirió al caso de Javier Tarazona, el director de la ONG Fundaredes, que continúa privado de libertad y alentó a que las autoridades continuaran el diálogo y la cooperación para generar un entorno seguro para toda la población. También alentó a que se garantizara la participación de las mujeres y que además se mantuviera la independencia de la institución electoral», puntualizó.
El coordinador de Provea destacó que Bachelet habló del aumento de la violencia en la frontera venezolana debido a la presencia de grupos irregulares armados. «Describió cómo esto había generado un importante desplazamiento de familias campesinas e indígenas en el estado Apure y pidió a las autoridades que investigaran estas situaciones para sancionar las situaciones violatorias a los derechos humanos», añadió.