Nicolás Maduro acaba de anunciar que está listo para recuperar las 31 toneladas de oro y los demás activos de Venezuela que hoy están bajo custodia de Juan Guaidó, el mandatario interino cuyo periodo expira en enero próximo y al que ahora un sector de la oposición llama el “presidente de internet”.
Una de esas joyas de la corona es la empresa Monómeros Colombo Venezolanos S. A., el segundo activo más importante de Venezuela en el exterior (después de la poderosa Citgo), con sede en Barranquilla. Maduro intentó entregarle el manejo de esta compañía a Ronald Ramírez –supuestamente cercano al capturado Álex Saab–, a quien Colombia le negó el ingreso el 30 de enero de 2019.
Desde entonces, la apetecida firma –dedicada a la fabricación de abonos y productos químicos, con ingresos cercanos a los 990.000 millones de pesos anuales– pasó al dominio de Guaidó, cuya administración ordenó hacer un informe detallado del estado contable de la empresa.
El Tiempo tuvo acceso a documentos de la empresa estatal y estableció que estudian entregárselos a la Fiscalía General de Colombia y a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para que indaguen supuestas conductas irregulares de la anterior administración, cuya cabeza fue el empresario venezolano Pedro José Lugo Gómez.
“Se habían excedido en las facultades otorgadas, hay un posible detrimento patrimonial. Y en esa época estaba en manos del régimen”, le dijo a El Tiempo un ejecutivo cercano a Monómeros.
Sin embargo, El Tiempo estableció que al menos uno de los contratistas mencionados en el informe ya instauró denuncia por injuria y calumnia ante los señalamientos.
El caso, que ya está en la Fiscalía, tiene que ver con la suscripción de tres contratos, por 7, 4 millones de dólares, firmados el 15 de julio de 2018, por una de las accionistas de Monómeros. El informe dice que la empresa que se contrató fue constituida cuatro días antes.
El otro gran filón de las indagaciones son al menos 8 contratos, por 13,5 millones de dólares, que tienen un hilo conductor: fueron suscritos con el mismo grupo empresarial.
Documentos internos en poder de El Tiempo señalan que Lugo Gómez habría pasado por alto restricciones de contratación que tenía en tiempo y montos. Además, que luego de su renuncia habría terminado ligado a una de las firmas con la que contrató.
El primer paquete de contratos se suscribió entre Servicios Aéreos y Catering S. A. S. y Petroquímica de Venezuela S. A. (Pequiven), empresa que tiene 86,2% de acciones de Monómeros.
Se habían excedido en las facultades otorgadas, hay un posible detrimento patrimonial. Y en esa época estaba en manos del régimen.
Habla firma de los vuelos
El objeto fue el uso de las aeronaves descritas en cada contrato, “junto con todos los equipos y accesorios instalados, para uso de transporte de personal y/o ejecutivos de las empresas que estas autoricen, desde y hasta los destinos nacionales o internacionales que sean acordados por las partes, de conformidad con las normas nacionales e internacionales pertinentes que aplican para esta aeronave”.
Las aeronaves que se pusieron a disposición son lujosos y modernos Gulfstream Astra SPX n.º 117, IAI Westwind II n.º 373 y BEECH B200 Super King Air n.º BB-957. Pero en la evaluación se señala que, supuestamente, no se contemplaron mecanismos de control, seguimiento o supervisión de los vuelos.
“Se pactó una modalidad de cobro por ciclos (ciclo = cada encendido de motores, pagando ciclos fijos diarios sin importar si el aparato se utiliza o no) lesiva para la empresa contratante, en tanto no hay antecedente o reporte de los vuelos, listado de personal transportado, planes de vuelo o elemento que permita determinar la ejecución o el cumplimiento de las prestaciones a cargo de Servicios Aéreos y Catering S. A. S.”, dice el documento.
De hecho, en sesión de junta directiva del 8 de mayo de 2019 se decidió terminar de manera anticipada los contratos: “Lo anterior implicó que se pagara al contratista un valor de 1,1 millones de dólares para que firmara el acuerdo de terminación”, dice el informe. Y piden que la Aerocivil certifique si los permisos de vuelo estaban en regla.
“Toda la información del caso Monómeros, desde hace unas semanas, tiene reserva judicial ya que estos hechos están siendo investigados por la Fiscalía, por los posibles delitos de injuria, calumnia y uso indebido de información privilegiada”, le dijo a este diario Pedro Sbert, representante legal de la empresa de aviación.
Y agregó: “Esta acción penal ha sido interpuesta por mis abogados y, por expresa recomendación de ellos, no me puedo manifestar sobre estos hechos”.
El otro paquete de contratos suma 47.468 millones de pesos, unos 13,5 millones de dólares.
Según el informe, aparecen suscritos con empresas vinculadas al grupo Merco, cuya cabeza visible es el empresario colombiano Reginaldo Pérez Pérez. Las empresas fueron contratadas para ejecutar desde operaciones logísticas en operaciones portuarias hasta mantenimiento eléctrico, pasando por un contrato de maquila de yeso agrícola.
Esta acción penal ha sido interpuesta por mis abogados y, por expresa recomendación de ellos, no me puedo manifestar sobre estos hechos
El grupo Merco
Las indagaciones internas señalan contratos con Opermerc Andino S. A. S. por 3.187 y 7.252 millones de pesos. Además, dos contratos entre Ecofertil S. A. (propiedad de Monómeros y con sede en Bahamas) y el Consorcio Merco Logistic Group por 4.837 y 8.767 millones de pesos.
Además, un contrato con Servitransa por 2.137 millones, y dos con Ingeopro, por 17.265 millones y otro por 974 millones de pesos. Finalmente, hay otro con Insapro S. A. S por 3.049 millones de pesos.
“Se concentraron contratos con labores estratégicas en un solo grupo económico, representando esto un riesgo para las operaciones medulares de Monómeros, toda vez que ante cualquier tipo de controversia con el Grupo Merco, las operaciones se verían gravemente afectadas, como en efecto ocurre en la actualidad”, dice el documento.
Y agrega que Lugo Gómez habría obviado pautas y límites de contratación de la junta a la hora de suscribir varios de esos contratos, que superaron en tiempo y cuantía lo que él estaba autorizado para firmar. Además, piden que se indague si –después de su salida– Lugo terminó vinculado a una de esas empresas: Insapro.
Reporteros de El Tiempo llamaron al exgerente Lugo al teléfono que registró en documentos, pero dijeron que se trataba de un servicio por minutos. Y al cierre de esta edición no había respondido el mensaje que se le envió a un correo y a otro celular que suministró un allegado.
Sin embargo, Reginaldo Pérez –cabeza del Grupo Merco– accedió a hablar del tema. El empresario negó cualquier irregularidad y aseguró que los contratos entre Monómeros y empresas de su grupo se ciñeron a la ley y se cumplieron a cabalidad.
Después de pedir que se le enviara la información de cada contrato, aclaró que Insapro S. A. S era de su yerno (en papeles aparecía su hija, María Claudia Pérez Sarabia) y no de su grupo empresarial.
“Me reuní varias veces con Lugo, pero para temas de los contratos. No hay ninguna concentración de contratos y lo demostraremos en las instancias necesarias”, señaló Pérez.
Y aunque abogados externos de Monómeros ya tienen listas las denuncias ante la Fiscalía y la SIC, en las próximas semanas decidirán si proceden o no a llevar el caso ante la justicia.
En Titter: @UInvestigativaET