Estado venezolano
Francisco Sánchez reveló que los jóvenes venezolanos son los más vulnerables a morir en crímenes violentos| Foto: Erika Hernández/ El Nacional

Amnistía Internacional realizó en Caracas un evento en el que se enfatizó la responsabilidad del Estado venezolano en las muertes violentas de jóvenes en el país.

El Foro Reducción de homicidios: Experiencias internacionales y recomendaciones para Venezuela contó con la participación de expertos nacionales e internacionales.

El politólogo Francisco Sánchez, investigador de Reacin Venezuela, destacó en su intervención que los jóvenes venezolanos son la población más vulnerable del país en cuanto a trabajo, educación y crímenes.

Detalló que en Venezuela los varones de 10 a 19 años de edad encabezan la tasa de homicidios por arma de fuego en América. En su mayoría se trata de jóvenes de sectores populares que son heridos en vías públicas y gran parte de ellos no llega a recibir asistencia médica.

52% de estos jóvenes generalmente muere en la misma zona donde residía.

“La violencia armada en Venezuela no es general. Está dirigida de alguna forma por la trama social que se vive en los sectores más pobres de la población”, manifestó.

En el caso de las mujeres, las muertes por arma de fuego tienen un porcentaje similar a la mortalidad materna.

En Venezuela, la tasa de fecundidad de las mujeres de 15 a 19 años de edad es más alta que la población en general. Esto no solo representa un riesgo para la salud de las madres jóvenes, sino que también hace que no se las incluya en el sistema laboral.

De 1996 a 2014, en el país murieron 264.465 personas por arma de fuego.

En 2018 y los primeros meses de 2019 se registró que más de 6.000 de las muertes violentas fueron por resistencia a la autoridad en operativos.

Las víctimas indirectas 

Las víctimas indirectas de las muertes violentas son madres, esposas e hijos. Organizaciones internacionales para la salud establecen que por cada muerto por arma de fuego se encuentran tres o cuatro víctimas secundarias.

Eso quiere decir que en Venezuela entre 1996 y 2014 se contabilizaron más de 1 millón de víctimas indirectas.

Los familiares de los muertos por violencia armada viven episodios de estrés agudo y estrés postraumático que pueden desencadenar daño psicológico. Especialmente aquellos que no solo sufrieron la muerte de un allegado, sino que también presenciaron el homicidio.

El Estado venezolano no proporciona atención psicológica para estas víctimas. Si bien pueden optar por un tratamiento privado, la mayoría de estas personas son de escasos recursos y no pueden costear la terapia.

Las comunidades se encuentran desprotegidas ante esta situación, pues no solo deben lidiar con el duelo, sino también con el miedo.

En gran parte de las zonas más violentas existe miedo en las personas a hablar sobre los homicidios y pánico a futuros operativos policiales. También se comienza a generar una desconfianza generalizada en los ciudadanos.

Sánchez aseguró que más allá de un asunto de seguridad, el no brindar protección a las víctimas indirectas es un problema de salud pública.

Para las familias, la muerte de un integrante significa también perder a un proveedor.

En el caso de los niños, pierden no solo capital sino una figura paterna, lo que hace que en el futuro opten por el camino de la violencia para solucionar sus problemas.

Reparación simbólica

El investigador indicó que en el país se necesitan instituciones que brinden una reparación simbólica a las víctimas.

Afirmó que esas reparaciones simbólicas, aunque el Estado venezolano puede financiarlas, no deben estar a su cargo. Lo recomendable es que lasatiendan varios sectores de la sociedad con el fin de garantizar equilibrio en la atención.

El también psicólogo insistió en que en países con un contexto de violencia mayor, como Venezuela, debe crearse un mayor número de comisiones dedicadas a la reparación simbólica.

@ErikaHDelaR