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Joe Klamar / AFP

El proceso judicial que dirime si el régimen de Nicolás Maduro o la administración ad hoc de Juan Guaidó tienen acceso al oro de Venezuela depositado en el Banco de Inglaterra se complicó con un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo británico por parte del bando del líder opositor.

Este y otros detalles se conocieron en una vista celebrada por Internet este jueves ante la División Comercial y de Propiedad del Tribunal Superior de Londres, que se ocupa del caso en primera instancia.

En la audiencia, la jueza Sara Cockerill escuchó las novedades de los litigantes y pospuso el proceso hasta dentro de unas tres semanas.

Los litigantes son la junta del Banco Central de Venezuela nombrada por Maduro, representada por el abogado Nick Vineall, y la junta ad hoc del BCV designada por Guaidó, cuyo representante es Andrew Fulton.

En coincidencia con Vineall, la jueza decidió que el pleito puede avanzar a pesar del recurso elevado el 6 de noviembre ante el Supremo por la junta de Guaidó, que, según se ha conocido este jueves, quiere anular el dictamen emitido el 5 de octubre por el Tribunal de Apelaciones londinense.

Fallo anulado

Este tribunal anuló un fallo del 2 de julio emitido por el ahora jubilado juez Nigel Teare, al que sustituye Cockerill. Ese fallo otorgaba a la junta ad hoc de Guaidó el control sobre los 31 lingotes de oro, valorados en unos 1.300 millones de dólares.

La corte rechazó que el gobierno del primer ministro, Boris Johnson, que políticamente ha apoyado a Guaidó, le reconociera de forma inequívoca como presidente de Venezuela a todos los efectos en una declaración del 4 de febrero de 2019, un aspecto clave para decidir quién tiene autoridad sobre las reservas.

En su dictamen, el Tribunal de Apelaciones remitió el caso de nuevo al Superior, al que pidió que pregunte al gobierno a quién reconoce realmente al frente de Venezuela.

Ministerio de Exteriores

A la espera de conocer si el Supremo admite o no a trámite el recurso del bando opositor, Cockerill instó a Fulton y Vineall, que discrepan en sus enfoques, a consensuar el contenido de una carta para ser enviada al ministerio de Exteriores.

La formulación de la misiva, cuya necesidad precisamente cuestiona la junta paralela de Guaidó ante el Supremo, se debatirá en próximas vistas, así como la queja del bando de Maduro sobre el hecho de que, en contra de las órdenes del Tribunal de Apelaciones, el equipo del dirigente opositor no ha abonado 400.000 libras en costas judiciales.

Fulton argumentó que sus clientes no han podido hacer el pago porque solamente tiene acceso a fondos depositados en Nueva York y las sanciones impuestas por el gobierno estadounidense a Venezuela impiden su transferencia a instituciones venezolanas.

La jueza le advirtió que si en la próxima vista no aporta razones de peso que justifiquen el impago, afrontará todo tipo de problemas, lo que podría incluir sanciones como ser expulsado del caso.

Acusaciones de difamación

Otra cuestión planteada en la sesión de este jueves es que Sarosh Zaiwalla, jefe del bufete londinense que representa a la junta del BCV de Maduro, acudió a la policía tras haber sido presuntamente difamado en las redes sociales por seguidores del bando de Guaidó.

Vineall pidió a Fulton que se distanciara públicamente de las afirmaciones hechas en Twitter por Julio Borges, el ministro de Exteriores de Guaidó, que dijo: «el vínculo entre el abogado Sarosh Zaiwalla y Maduro demuestra una estrecha relación entre Maduro, Irán, Cuba y el crimen organizado».

Fulton, en nombre de su bufete Arnold & Porter, dijo que ellos no consideran que la representación de la junta de Maduro por parte de Zaiwalla sea inapropiada y subrayó que este tiene derecho a representar a sus clientes y estos a ser representados.

Está previsto que, tras otra vista preparatoria en diciembre, en enero se celebre el juicio presidido por Cockerill para dirimir a quién reconoce el gobierno británico como gobernante de hecho en Venezuela, lo que le daría acceso al oro.


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