Amnistía Internacional publicó el 6 de abril un nuevo informe sobre la situación de los derechos humanos en el mundo durante el año 2020. Sobre Venezuela, la organización señaló que continuaron las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, y ataques a la prensa, en medio de una crisis humanitaria agravada por la pandemia.
«En la crisis continuada de derechos humanos que sufría Venezuela se recibieron de nuevo noticias sobre ejecuciones extrajudiciales, uso excesivo de la fuerza y homicidios ilegales cometidos por las fuerzas de seguridad a lo largo del año. Quienes criticaban las políticas del gobierno —como periodistas, profesionales de la salud y activistas de la política— eran objeto de medidas represivas que incluían la criminalización, los juicios injustos y la detención arbitraria», destacó el documento.
Ejecuciones extrajudiciales
La organización tuvo conocimiento de ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por la Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Al menos 2.000 personas murieron en el país en el contexto de las operaciones de seguridad que tuvieron lugar entre el 1° de enero y septiembre. El Zulia fue uno de los estados más afectados, con 377 muertes a consecuencia de la violencia ejercida por estas fuerzas policiales en ese estado.
Detenciones arbitrarias
Hasta el mes de octubre se registraron en el país 413 detenciones arbitrarias, de acuerdo con la ONG Foro Penal. Esta práctica aumentó tras la declaración en marzo del estado de alarma por la pandemia del covid-19.
Al menos 12 profesionales de la salud fueron detenidos por criticar las medidas del régimen.
«Se utilizó la pandemia del covid-19 para restringir la notificación de las detenciones, por lo que las familias de las personas recluidas se veían obligadas a depender de información no oficial sobre su paradero. Esta incertidumbre y la vulnerabilidad de quienes estaban en prisión se vieron agravadas por la suspensión de las actividades de los tribunales y del Ministerio Público dictada como parte de las medidas para contener la pandemia», indicó el informe de Amnistía Internacional.
Tortura y otros malos tratos
La OACNUDH documentó 16 casos en los que se denunciaba el uso de métodos tales como palizas, descargas eléctricas, asfixia y violencia sexual. La Misión de la ONU de Determinación de los Hechos sobre Venezuela informó sobre el uso de métodos de tortura cada vez más violentos por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), así como sobre el uso de instalaciones clandestinas por de este cuerpo de seguridad.
La organización registró que hubo numerosas denuncias de uso indiscriminado de la fuerza durante las operaciones de cumplimiento de la ley.
En cuanto a la impunidad, las víctimas de violaciones de derechos humanos no podían acceder a la justicia debido a obstáculos estructurales, especialmente la ausencia de independencia judicial.
Los juicios injustos siguen usándose para criminalizar a quienes mantienen opiniones distintas a las del régimen de Maduro. Continuó el uso de la jurisdicción militar para procesar a civiles o personal militar retirado.
«La OACNUDH señaló importantes deficiencias en el sistema judicial, los tribunales y el Ministerio Público, e hizo hincapié en los casos de falta de independencia y de injerencia de otras autoridades públicas», precisó el documento.
Libertad de expresión
La organización Espacio Público documentó que entre enero y agosto se registraron más de 747 ataques contra la prensa y periodistas, incluidos actos de intimidación, ataques digitales, censura, detenciones arbitrarias y agresiones físicas. Muchos de ellos tuvieron lugar después de que en marzo se declarara el estado de alarma en respuesta a la pandemia de covid-19.
«Las defensoras de los derechos humanos seguían sufriendo amenazas y estigmatización en el ejercicio de su labor. El Centro para los Defensores y la Justicia denunció que hasta junio se habían efectuado más de un centenar de ataques —que incluían actos de criminalización, hostigamiento, ataques digitales y detenciones arbitrarias— contra defensoras de los derechos humanos», reseñó Amnistía Internacional.
Emergencia humanitaria
«La emergencia humanitaria continuó y se intensificó. Las condiciones imperantes —como la constante escasez de servicios básicos (agua, electricidad y combustible, entre otros), la deficiente infraestructura sanitaria y la dificultad para acceder a medicamentos y alimentos se vieron agravadas por el covid-19 y dificultaban seriamente la capacidad de la población para cumplir las medidas de contención impuestas para frenar la pandemia», indicó.
La escasez de medicamentos básicos, que resultaban inasequibles para la mayor parte de la población, se intensificó. El personal médico y de salud no dispone de equipos de protección individual ni de medidas adecuadas de protección contra el covid-19.
«Muchas de las personas que expresaron su preocupación por esta cuestión fueron detenidas y criminalizadas. También preocupaba la falta de transparencia por parte de las autoridades en relación con la realización de pruebas diagnósticas, los índices de contagio y las muertes debidas al covid-19», resaltó el informe de Amnistía Internacional.
En julio, la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) informó de que 96% de los hogares venezolanos estaba en situación de pobreza, y 79% en situación de pobreza extrema e incapacidad de cubrir la cesta básica de alimentos.