Estados Unidos denunció, a través de un informe sobre los Derechos Humanos en Venezuela en 2023, la existencia de grupos armados y bandas delictivas involucradas en actos de violencia y reclutamiento de menores en el país.
«Las altas tasas de deserción escolar empujaron a los niños a situaciones laborales. Las ONG afirmaron que la prevalencia del trabajo infantil seguía aumentando en todo el país, especialmente en el sector minero», indicó parte del documento que reseña en más de 70 páginas la vulnerabilidad de los derechos humanos en el país.
Los investigadores señalaron que «se recibieron informes de grupos armados no estatales y bandas delictivas implicados en actos de violencia, trata de personas, reclutamiento de menores, explotación de comunidades indígenas y abusos sexuales».
El informe indicó que, según datos de la ONG Cecodap, la inseguridad alimentaria, la deserción escolar y la violencia doméstica eran motivaciones comunes para que niños y adolescentes se involucraran con organizaciones criminales.
«La ley prohibió todas las peores formas de trabajo infantil. La ley fija la edad mínima para trabajar en 14 años. Los menores de 14 años sólo pueden trabajar si obtienen un permiso especial del Instituto Nacional del Menor o del Ministerio de Trabajo. Este permiso no puede concederse a niños menores de la edad legal para trabajar en ocupaciones peligrosas que pongan en riesgo su vida o su salud o puedan dañar su desarrollo intelectual o moral», señaló el documento.
El gobierno de Estados Unidos, citando datos de la Organización Internacional del Trabajo, reseñó que los representantes de Maduro no publicaron la lista de tipos específicos de trabajo considerados peligrosos.
«Los niños de 14 a 18 años no podían trabajar sin permiso de sus tutores legales o en ocupaciones expresamente prohibidas por la ley, y no pueden trabajar más de seis horas al día o 30 horas a la semana. Los menores de 18 años no pueden trabajar fuera de la jornada laboral normal», agregó.
Recordaron que cualquier persona que emplee a niños menores de ocho años puede ser condenada a prisión y que los empleadores deben notificar a las autoridades si contratan a un niño como trabajador doméstico.
«Los representantes de Maduro no aplicaron eficazmente la ley y no publicaron estadísticas sobre el número de niños sometidos a trabajo infantil ni sobre las penas aplicadas a los infractores», alertó el informe.
En el documento, Estados Unidos también advirtió sobre otras violaciones a los derechos humanos como homicidios ilegítimos o arbitrarios, incluidas ejecuciones extrajudiciales; desapariciones forzadas; tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes a manos de las fuerzas de seguridad.
Indicaron que pese a que son situaciones que se han denunciado en diversas instancias tanto nacionales como internacionales, el gobierno de Nicolás Maduro no ha tomado medidas o acciones creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
«No se conocieron esfuerzos creíbles por parte del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo o el poder judicial para investigar y castigar a los autores implicados en homicidios arbitrarios», añadió el documento.