Oscar Costero y Santiago De Viana, editores voluntarios de la Fundación Wikimedia, organización matriz de Wikipedia, son investigados por el gobierno de Nicolás Maduro por su trabajo en la redacción de contenidos para uno de los sitios web más visitados del mundo.
Espacio Público señaló que Costero fue presidente de Wikimedia capítulo Venezuela durante 10 años, mientras que De Viana es editor en temas de política y también publicaba artículos sobre corrupción en Wikipedia.
La ONG explicó en una nota publicada en su página web que el Estado venezolano tiene a Costero bajo investigación porque, junto con De Viana, son señalados en un artículo web anónimo como “extorsionadores”, que les acusa, sin pruebas, de editar artículos sobre personalidades y exigir pagos para cambiar el contenido.
Los ataques contra el portal web iniciaron en el año 2019, después de darse una «guerra de edición» en el perfil biográfico de Juan Guaidó, pues los editores no acordaban si era o no presidente del país, por lo que el gobierno bloqueó Wikipedia en Venezuela.
Wikimedia Venezuela emitió un comunicado exigiendo conocer cuál era la causa del bloqueo. «Una semana después ya se podía acceder a la página desde Venezuela, sin una notificación formal al respecto a pesar de que cualquier bloqueo web, para ser legal, debe darse únicamente después de la sentencia de un juez», mencionó Espacio Público.
Del Saime al Cicpc
Espacio Público detalló en su nota que Oscar Costero, a quien defiende legalmente, se enteró de un proceso en su contra al intentar renovar su pasaporte a través de la página del Saime que le notificó que debía dirigirse a la oficina central.
Al acudir al lugar el 17 de octubre de 2022, una trabajadora le comunicó que tenía una prohibición de salida del país, pero que indagaría más al respecto. Le hizo firmar y plasmar su huella en una declaración para averiguar su nombre.
Posteriormente la funcionaria habló con su jefe en otra oficina, llamó a un policía que revisó a Costero y media hora después llegó una comisión de tres funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
«Lo detuvieron de manera arbitraria y trasladaron a la sede de Parque Carabobo bajo el pretexto de tomarle una declaración», denunció la ONG.
Una vez en el sitio, al wikipedista lo despojaron de todas sus pertenencias y lo mantuvieron incomunicado, sin explicar por qué estaba allí, violando el debido proceso.
«Durante 45 minutos lo interrogaron sobre su vida personal y finanzas, destacando su profesión, a qué se dedica, el lugar donde trabaja y las funciones que ejerce, su domicilio, ingreso mensual, el monto que manejaba dentro de sus cuentas bancarias, si tenía dinero en cuentas internacionales y su vinculación con Wikimedia. Asimismo, le preguntaron la relación que mantenía con otras empresas que están asociadas a su vínculo familiar y con Santiago De Viana».
«Extorsionador de Wikipedia»
Costero explicó a Espacio Público que “por temas de ingenuidad De Viana tenía un pseudónimo en Wikipedia que era muy fácil de identificar su nombre real. A partir de allí empieza una difamación contra él específicamente”, que incluía notas de blogs anónimas donde lo señalaban como “extorsionador de Wikipedia, que cobraba para publicar y lo relacionaban con un caso de narcotráfico”.
En esas notas anónimas, también mencionan a Oscar Costero, quien señaló que la persecución a través de artículos publicados en Internet inició meses después del apagón de 2019, con más intensidad a final del año en contra de Costero, De Viana y el capítulo Wikimedia Venezuela.
Los funcionarios no se identificaron durante la entrevista, no permitieron acceder al expediente del caso, no dejaron que Costero se comunicara con sus familiares ni abogados de confianza. «Le dijeron que habían recibido información sobre la presunta comisión de los delitos de legitimación de capitales e instigación al odio, y solicitaron todas las direcciones donde podrían localizarlo y datos de contacto», agregó la ONG.
Desde Espacio Público exigen que la defensa de Oscar Costero tenga acceso al expediente del caso, para garantizar así el derecho a la defensa y el respeto del derecho al debido proceso que ya ha sido vulnerado en este caso.
«La libertad de asociación y de expresión son derechos humanos necesarios para la existencia de una sociedad democrática y para que sea posible un debate público plural y diverso, que permita el progreso personal y colectivo», finalizó la nota de la ONG.