El empresario español Raimundo Santamarta, dueño de SM Pharma, empresa confiscada por el régimen de Nicolás Maduro, presentó una notificación de arbitraje contra la República Bolivariana de Venezuela bajo el Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela.
“Santamarta reclama una indemnización multimillonaria, no menor de 200 millones de dólares, al Estado venezolano tras la toma de una serie de medidas discriminatorias encaminadas a obstaculizar su negocio farmacéutico, incluyendo la confiscación ilegal de los bienes de la planta de producción de SM Pharma, ubicada en Maracaibo, Venezuela”, señala una nota de prensa.
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“La familia Santamarta invirtió en Venezuela en la década de los setenta y desarrolló un exitoso negocio farmacéutico que se expandió por todo el país. Sin embargo, desde 2015 diversos entes y autoridades gubernamentales venezolanos han venido desplegando medidas para obstaculizar las actividades de la familia Santamarta, todas ellas discriminatorias y arbitrarias, que condujeron a la toma del control operativo de SM Pharma y, finalmente, la confiscación ilegítima de los bienes de las sociedades del grupo, despojándolo por completo de su inversión”, afirma.
Los antecedentes
El 9 de febrero de 2019, el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España emitió un comunicado titulado España deplora confiscación de la fábrica farmacéutica SM Pharma. El gobierno español español rechazó así la expropiación de SM Pharma como empresa fundada y dirigida por una familia de origen asturiano. Describió las acciones del gobierno de Venezuela como una expropiación ilegal y sin fundamento.
Asimismo, las autoridades españolas manifestaron que dicha expropiación incumplió los compromisos adquiridos frente al gobierno español.
“El empresario Santamarta confía en el apoyo de las instituciones españolas ante esta situación”, especifica.
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El arbitraje
El 17 de abril de 2019, Raimundo Santamarta envió una carta de notificación de disputa a la República Bolivariana de Venezuela, donde manifestó su consentimiento para iniciar un arbitraje internacional y trató de llegar a un arreglo amistoso, lo cual no fue posible.
Ahora, Santamarta ha interpuesto una reclamación de arbitraje en su condición de inversionista español. El arbitraje se ha iniciado bajo los auspicios del Reglamento de Arbitraje CNUDMI y será decidido por un tribunal arbitral.
El Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y Venezuela entró en vigor en 1997.
Santamarta no es el primer inversionista extranjero que sufre un tratamiento discriminatorio por parte del réigmen. Ante esta situación, el sistema internacional de protección de inversiones ofrece a los inversores extranjeros la posibilidad de acudir a un tribunal internacional. De esa forma se puede obtener una justa compensación por la pérdida de sus inversiones que, de otra manera, sería prácticamente inviable, subrayó.