CIDH Fundaredes Difirieron por décimo tercera vez la audiencia preliminar de los activistas de Fundaredes, Provea

Alfredo Romero, director presidente de Foro Penal, informó el martes que fue diferida la audiencia preliminar de los activistas de la organización no gubernamental Fundaredes Javier Tarazona -que la preside-, Rafael Tarazona y Omar de Dios García.

“Lamentablemente difirieron la audiencia preliminar donde íbamos a requerir la libertad de estas personas que están arbitrariamente privadas de libertad”, informó el abogado en un video grabado cerca del Palacio de Justicia, en Caracas.

Teresa Sánchez, madre de los Tarazona, manifestó que le preocupa el cuadro de salud que tiene Javier. Su abogada Kenny Molina dijo que el activista, que ha denunciado la presencia de grupos guerrilleros en Venezuela, tiene patologías que se han complicado.

Señaló arritmia cardíaca con elevada frecuencia, hipertensión arterial e hiperinsulinemia que le está afectando los riñones. “Es un cuadro que cada día se complica más”, alertó.

Dijo que García presenta tumoraciones y complicaciones con la diabetes. Agregó que Rafael tiene problemas de colon y ha perdido 10 kilos de  peso.

“Estamos en medio de un clima en el que se habla de un acuerdo de gobernabilidad y de convivencia en el país. Y les preguntamos ¿cómo es que están invitando a una convivencia cuando no se está cumpliendo con la ley y la justicia?”, manifestó Omarely García, madre de García.

Romero señaló que han pasado dos meses de la privación de libertad de los activistas de Fundaredes. Lamentó que exista una repetición de lo que ocurre en los casos de presos políticos: se retrasan las audiencias y se mantienen detenidos preventivamente sin juicio ni derecho a la defensa.

A los activistas los imputaron por los delitos de traición a la patria, terrorismo e incitación al odio. Los tres permanecen recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en El Helicoide.

Javier Tarazona y sus dos compañeros resultaron detenidos el 2 de julio cuando acudieron a la sede del Ministerio Público, en el estado Falcón. Denunciaron acoso y persecución por organismos de seguridad del Estado.

Junto con ellos se encontraba el director del Comité Nacional de Familias Víctimas de las Desapariciones y Trata en las Costas de Venezuela, Jhonny Romero. Pero a este lo dejaron en libertad el mismo día.


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