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28 de septiembre de 2021. Se iniciaba otra semana de flexibilización en Caracas y en la Plaza Morelos de Bellas Artes un grupo de casi 300 mujeres se reunió con banderas de color verde y violeta: exigían la despenalización del aborto en Venezuela. Ese martes, desde las 9:00 am, más de 50 organizaciones y miembros de diferentes partidos políticos lograron unirse bajo una sola consigna: educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. La oleada de banderas recorrió las calles hasta la Asamblea Nacional y se consolidó como la primera gran marcha en favor de la despenalización del aborto, una lucha invisibilizada que data de hace casi 40 años.

La marcha dio como resultado que, finalmente, el viernes 15 de octubre ocurriera la primera reunión con la Comisión Permanente de Desarrollo Social Integral de la AN para marcar la ruta legal hacia la despenalización. En el encuentro las organizaciones Tinta Violeta, Faldas R y la Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) presentaron un documento con argumentos jurídicos y de derechos humanos de las mujeres, niñas y adolescentes por los cuales se exige la derogación de los artículos del Código Penal Venezolano que criminalizan la interrupción del embarazo. Por su parte, además, el Centro de Estudios de Derechos Sexuales y Reproductivos (Cedesex) elevó una propuesta de ley sobre los derechos humanos sexuales y reproductivos.

“El encuentro, además, propició que se establecieran reuniones con las diferentes comisiones de la AN. Se decidió para la tercera semana de octubre llevar a cabo un encuentro con la Comisión Permanente de Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. A finales de este mes, se espera una reunión con la Comisión Permanente de Política Interior. Además, las voceras feministas serán recibidas por la Vicepresidencia Social en noviembre”, señaló Laura Cano, activista y miembro del equipo de la plataforma Ruta Verde.

Activistas, feministas, organizaciones y miembros de la comunidad LGTIBQ+ celebraron la noticia. Todas habían acudido a la marcha, respondiendo al llamado realizado por la plataforma Ruta Verde para visibilizar un tema catalogado como tabú. El propósito era continuar el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en el país. El objetivo de aquella primera concentración fue presentar un comunicado ante la Asamblea Nacional, firmado por más de 60 organizaciones, para pedir la derogación de los artículos 430, 431, 433 y 434 del Código Penal venezolano.

Entre los firmantes figuró el nombre del Centro de Estudio de la Mujer, Mujeres por la vida de Lara, Mujer género rebelde de Carabobo; el movimiento Otro Beta y Avesa, entre otras. Bajo el título “La criminalización del aborto: problema de salud pública y derechos humanos” se exigió que el tema sea parte de la agenda legislativa con la participación de grupos feministas y  defensoras de los derechos de las mujeres.

El argumento del grupo es firme: el aborto legal es un tema de derechos humanos. En un país como Venezuela en donde se penaliza su práctica es difícil conocer cuántos abortos clandestinos se practican. Sin embargo, que esté penalizado no significa que disminuya, explica Magdymar León, docente de la Maestría de Estudios de la Mujer en la Universidad Central de Venezuela y coordinadora de Avesa. “No sabemos cuántas mujeres se embarazan sin planificarlo ni el número exacto de las fallecen por abortos clandestinos. El boletín epidemiológico del Ministerio de Salud tiene años sin presentarse y no se conocen cifras. Pero en 2016 el Estado reconoció en el último boletín que el aborto clandestino era la tercera causa de mortalidad materna en Venezuela”, señala.

Además de ser una cuestión de vida o muerte, la penalización del aborto viola los derechos de dignidad e integridad de las mujeres, afirma Laura Cano. Su penalización fomenta un mercado al que solo tienen acceso mujeres con dinero y las clínicas clandestinas salen ilesas, explica. Mientras, las de los sectores populares no tienen ni siquiera información sobre el aborto. Son ellas las que cargan con la culpabilización y la estigmatización e incluso van a la cárcel por 6 meses  o hasta 10 años. “Esto es una realidad que ocurre día a día”, agrega.

Una utopía en construcción

En Venezuela, un país en el que ocurren constantes violaciones a los derechos humanos, suena utópico legalizar el aborto, opina Aimeé Zambrano, investigadora del monitor Utopix. Sin embargo, la lucha continúa, explica, porque es monstruoso obligar a una niña a tener un hijo que sea producto de una violación. “Es peor, estás condenando a estas niñas a una vida miserable e igualmente a sus hijos que nacen en estas condiciones”.

Por ello es que hay muchas mujeres que celebran la marcha del 28 de septiembre. Entre ellas, Melanie Agrinzones, activista de la plataforma Uquira, quien participó en la concentración. La joven considera como un avance que en un país como Venezuela se tomen las calles. Es un avance salir y gritar: no es un crimen poder decidir ser o no ser madre.

“El aborto ilegal violenta los derechos sexuales de la mujer, su libertad de decidir, su salud y además pone en riesgo su vida. El Estado venezolano tiene una deuda: el aborto legal. Este tema no puede ser para después porque nuestros derechos reproductivos son impostergables”, afirma Agrinzones.

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Foto de la concentración del 28 de septiembre | Foto Twitter

En un estudio realizado por Avesa en 2018 se acudió a cuatro maternidades del país y se observó que por cada cuatro partos que se recibían, uno era  un aborto. “No pudimos precisar cuántos eran espontáneos o inducidos. Pero expertos en la salud reportaron que un alto porcentaje corresponde a inducidos que al final no terminan quedando registrados en las historias clínicas. Esta es una realidad que ocurre día a día, no queda registrada y no se le puede hacer seguimiento”, explica León.

Por ello, la campaña en Venezuela va completa: aborto legal, seguro y gratuito. “Nada se puede quedar por detrás. Si se decide despenalizar el aborto, eso no significa que la lucha terminó”, reitera la activista. Con ella coincide Gabriela Buada, fundadora de Caleidoscopio Humano: “No se trata de abortar por abortar. Se trata de garantizar la vida de muchas niñas y mujeres y garantizarles su derecho a la salud”.

40 años invisibilizados

Fue en 1984 cuando se habló, por primera vez, de la despenalización del aborto en Venezuela. La propuesta fue una petición de la Federación Médica Venezolana (FMV). Desde ese entonces, Avesa fue una de las primeras organizaciones en apoyar la causa, comenta la también psicóloga clínica Magdymar Léon.

La FMV propuso que se legalizara el aborto en Venezuela en tres causales: casos de incesto y violaciones, malformaciones en el feto y casos en los que la vida de la mujer está en riesgo. Sin embargo, no se logró avanzar mucho. No fue sino hasta el siglo XXI que se volvió a insistir en el tema: la Araña feminista, una articulación de movimientos sociales, exigió la despenalización del aborto entre los años 2004 y 2010 por las mismas causales.

La lucha continuó sin tanta visibilidad hasta el año 2018 cuando Faldas R interpuso un recurso legal para la despenalización con el apoyo del colectivo Tinta violeta. En el recurso legal sumaron otras dos causales: cuando el embarazo es en niñas y adolescentes, y cuando la mujer no tiene condiciones socioeconómicas para poder continuar con el embarazo.

“Como suele suceder, la propuesta quedó engavetada. No hubo respuesta a pesar de que se hizo campaña y se tuvo una vocería en la Asamblea Nacional”, comenta la activista Laura Cano. Por eso, este año se ha intentado masificar la lucha con el apoyo  de las redes sociales para hacer presente el feminismo internacional en el país.

En las redes, explica Cano, se ven diferentes consignas internacionales como #NiUnaMenos, #JuntasNosCuidamos, #JuntasNosTenemos, #JusticiaParaTodasLasMujeres, #SeráLey, #AbortoLegalYa. Fue desde allí y a partir de esa red virtual, fomentada por la cuarentena por el covid-19, que las feministas venezolanas de distintas tendencias lograron articularse mejor que en el pasado.

El resultado: la marcha del 28 de septiembre de 2021.

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Una de las pancartas que se vio en la marcha del 28 de septiembre | Foto Twitter

La lucha continúa

La magnitud de la concentración también estuvo influenciada por el caso de Vanessa Rosales. La defensora de los derechos humanos fue privada de libertad durante 8 meses por ayudar a una niña de 13 años de edad a abortar luego de que fuese víctima de una violación. Las feministas venezolanas se unieron para apoyarla y, tras su liberación el mes de julio de este año, el tema del aborto ilegal quedó resonando en las redes.

“La manifestación se logró desde una plataforma independiente, auto gestionada, es decir, ahí no hay ningún partido político involucrado. Fue una marcha organizada por las mujeres, un hecho importante que sentó precedente”, comenta Zambrano, investigadora de Utopix.

Luego de la entrega del comunicado ese día en la Asamblea Nacional, voceras de Provea, Tinta violeta, Faldas R y Avesa, acordaron una próxima reunión el miércoles 13 de octubre, que se pospuso para el viernes 15 con una cancelación de última hora. El silencio de los políticos aumentó la resonancia de la exigencia en las redes: Ruta Verde realizó ese día un “tuitazo” con el hashtag #YoAborté que se posicionó rápidamente entre las tendencias.

“Muchas veces esos actores políticos que están en espacios de toma de decisiones como la Asamblea Nacional coinciden en posturas conservadoras y en posturas de antiderechos. Por eso no se ha despenalizado todavía el aborto”, reflexiona Laura Cano desde Ruta Verde.

La presión parece haber dado sus frutos: el viernes 15 de octubre, finalmente, se dio la reunión acordada. “Ruta Verde seguirá marcando su andar por la despenalización legal y social del aborto en Venezuela. Lucharemos porque se incluyan programas y políticas públicas con perspectivas feministas en los sectores de la salud, educación y justicia venezolana”, asegura Cano.

Política conservadora en una región progresista

La demora en la legalización del aborto fomenta el debate en Venezuela: ¿por qué un Estado que se autodenomina como revolucionario no aprueba una reforma de este tipo? El Código Penal Venezolano tiene más de 100 años que no modifica sus artículos sobre el aborto. “Es más de un siglo con una mirada conservadora y patriarcal. Uno de los artículos establece y permite el aborto cuando está en riesgo el honor del esposo. Esto evidencia cómo nuestros cuerpos y nuestros destinos como mujeres están sujetos a los deseos de los hombres”, dice Cano.

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El tuitazo tuvo también una pequeña concentración en las calles | Foto Ruta Verde (@maryann888888)

Los argumentos para no legalizarlo siempre han sido los mismos: no es el momento para hablar de esto, el pueblo no está preparado. Argumentos que, a juicio de la activista, son una falacia porque en la mayoría de los países que han legalizado el aborto, los partidos y gobiernos se han catalogado como progresistas. Argentina fue el primero en la región en dar el ejemplo. Su despenalización se concretó en 1921 bajo tres causales: casos de incesto y violaciones, malformaciones en el feto y casos en los que la vida de la mujer está en riesgo. Casi un siglo después, a finales de 2020, se estableció el derecho al aborto gratuito y asistido por Ley.

El ejemplo lo siguió México este año y se legalizó el aborto durante las primeras 12 semanas del embarazo en cuatro de sus estados sin importar las razones. En el resto del país, el proceso se despenalizó solo si el embarazo es producto de una violación. En septiembre se dio a conocer el caso de Chile donde se despenalizó su práctica bajo las mismas tres causales. Sin embargo, las mujeres están exigiendo que se legalice por completo: las causales no son suficientes.

Argentina fue uno de los primeros países en conseguir la despenalización y su legalización | Foto Archivo
Imágenes de la marcha por la despenalización del aborto en México | Foto Archivo

Tanto las activistas Cano y Agrinzones, junto con León, consideran que el contexto regional es un incentivo para que en Venezuela se dé el cambio en cuanto al aborto. Sin embargo, no se puede comparar el proceso político de Argentina, México y Chile con el del país, caracterizado por atravesar una fuerte crisis socioeconómica y humanitaria. Temas como la legalización del aborto o el matrimonio igualitario son luchas graduales y responden a los contextos sociohistóricos de cada territorio. Y en Venezuela la política tiende a ser más conservadora y tradicional.

Cano explica: “La despenalización está asociada a las luchas progresistas y a los derechos humanos. Mantener la penalización del aborto es una contradicción en Venezuela que tiene un gobierno que se anuncia como revolucionario”.

El país cuenta, a juicio de Agrinzones, con unos políticos y una élite política conservadora en la que actualmente todavía la iglesia sigue involucrándose. “Mientras eso pase, Venezuela seguirá atrasada en estos temas”, asevera.

En Chile volvieron a salir a las calles para pedir la legalización del aborto completo | Foto AFP

¿Cómo prevenirlo?

El problema habría que atacarlo desde la raíz: informar, de manera segura y pertinente, sobre métodos anticonceptivos y salud sexual, comenta Gabriela Buada. “En Venezuela las escuelas ya ni siquiera hablan de salud reproductiva, ni siquiera se garantizan los servicios de salud sexual. Las niñas y adolescentes faltan a clases porque hay una gran pobreza en cuanto a la higiene menstrual”, señala.

A su juicio, más allá de instaurar campañas públicas y herramientas, cree necesario volver a retomar las campañas preventivas. Explica: “Hace años que no se habla de las cifras de adolescentes y niñas en embarazo temprano. No hay cifras de mortalidad materna, no hay ningún tipo de información. Así que es esencial visibilizar de manera correcta y pertinente la necesidad de actuar y de enfocarnos en campañas preventivas desde el Estado. Son muy importante las campañas informativas para prevenir”.

La realidad la evidencian las cifras: en Avesa se realizó  un estudio en 2020 entre niñas y adolescente de 10 a 12 años. La mayoría referían que su conocimiento sobre los métodos anticonceptivos era nulo y sobre las adolescentes se concluyó que sus conocimientos eran insuficientes.

“Los embarazos no deseados pueden ser una circunstancia de estrés y ansiedad que modifica el proyecto de vida y puede afectar la condición de salud. Creo que sería recomendable que exista un equipo de profesionales que puedan acompañar a la mujer a tomar la decisión sobre abortar o no, pero deben ser profesionales que respeten y acompañen la decisión de la paciente, sin coaccionarla”, comenta León.

De allí la urgencia porque se legalice el aborto en un país donde los anticonceptivos  cuestan 20 dólares y el sueldo mínimo es de $3; este derecho es impostergable. Y la agenda, con los temas que el Estado debatirá, la seguirán marcando las mujeres, en las calles y en las redes sociales donde seguirán alzando la voz por sus derechos.


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