Funcionarios adscritos a la Policía Municipal de Brión, en Higuerote, estado Miranda, acompañados de otras personas presuntamente de la misma comunidad, invadieron el lunes 55 viviendas que están casi listas para la venta del urbanismo Alamar.
El constructor y dueño de Hotelamer, C.A., Domingo Uzcátegui, contó este martes a El Nacional que el polibrión Nelson González fue al conjunto residencial Alamar el viernes 10 de septiembre con la «intención de informarse» sobre las viviendas disponibles para la venta.
El proyecto original de la compañía consta de 288 casas que ya están vendidas, pero solo faltaban por finalizar otras 55.
Uzcátegui explicó que el funcionario, luego de realizar el recorrido por el urbanismo y tener la información solicitada, se fue sin más detalles. Pero Nelson González regresó el lunes con otros funcionarios, sin una orden policial, y acompañados de otros habitantes de Higuerote. Señaló que ilegalmente tomaron posesión de viviendas que faltan por terminar.
El dueño de la constructora que lleva el urbanismo Alamar también detalló a El Nacional que ha tenido conversaciones con la alcaldesa del municipio Brion, Nora Delgado, y según le dijo «no apoya está invasión» y le aseguró que «mediará» para que los polibrión entreguen las viviendas.
Lo que dice el Código Penal sobre la invasión
Invadir la propiedad privada en Venezuela es un delito que está tipificado en el Código Penal Venezolano, aunque en la doctrina jurídica no se ha definido extensamente el contenido del delito de invasión.
El artículo 471-A del Código Penal establece: «Quien con el propósito de obtener para sí o para un tercero provecho ilícito, invada terreno, inmueble o bienhechuría, ajenas, incurrirá en prisión de cinco años a diez años y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.) a doscientas unidades tributarias (200 U.T.)».
Sin embargo, hasta este martes Domingo Uzcátegui, que se ha mantenido en comunicación con la alcaldesa Nora Delgado, no ha recibido más información de las autoridades. Hasta ahora se desconoce qué hará el gobierno local a propósito de la toma de esas viviendas.
Uzcátegui pidió a las autoridades locales, a la Guardia Nacional Bolivariana y a la Fiscalía General de la República apoyo para contrarrestar la invasión que perjudica a su empresa y que además es un delito penado por la ley en Venezuela.
Hace 5 años en el mismo urbanismo de Alamar, a Domingo Uzcátegui también le invadieron cerca de 100 viviendas. El caso estuvo activo un año, tiempo que le tomó a las autoridades devolver las propiedades a su dueño.