El Observatorio de Prisiones advirtió sobre la liberación de 20.000 presos en Venezuela, bajo condicione que se desconocen, anunciada por el Ministerio de Interior y Justicia a finales del año 2023.
La liberación de estos presos, señaló la organización en un comunicado, ha sido objeto de opacidad y falta de transparencia por parte del régimen y los organismos encargados de la administración penitenciaria.
«No hay una información precisa sobre la liberación de estos 20.000presos», afirmó el OVP. «No indican en qué estados lo hicieron y muchos menos informan cuántos privados de libertad quedan en los recintos policiales», añadió.
Además, denunció que las liberaciones se están llevando a cabo de manera arbitraria y violando los derechos fundamentales de los presos. Según las denuncias recibidas, a los beneficiados los obligan a renunciar a la defensa privada y se les asigna un defensor público. En muchos casos, aseguró, presiona al recluso para que admita un delito, dejándolo así sin derecho a la presunción de inocencia y a una defensa adecuada.
El OVP también destacó que las órdenes de liberación emitidas por gobernadores y parlamentarios de la Asamblea Nacional electa en 2020 contribuyen a la confusión legal y la inseguridad jurídica de los presos.
«La libertad de un preso solo debe otorgarse por mandato de un tribunal», subrayó.
Condiciones inhumanas y degradantes
Además de las preocupaciones sobre las liberaciones, destacó las condiciones inhumanas y degradantes en los calabozos policiales, donde continúa el hacinamiento y la falta de condiciones básicas. Los reclusos, afirmó, carecen de acceso a agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, atención médica y visitas familiares, entre otras deficiencias.
El observatorio hizo un llamado urgente a las autoridades venezolanas para abordar estas violaciones de los derechos humanos y garantizar condiciones dignas y justas para todos los presos en el país.
Las denuncias resaltan la necesidad de una reforma integral del sistema penitenciario en Venezuela, así como la urgencia de proteger los derechos fundamentales de todas las personas privadas de libertad.