Defiende Venezuela detectó irregularidades en los casos de los asesinatos ocurridos en las protestas antigubernamentales de 2017 en cinco entidades del país, específicamente en las investigaciones penales del Ministerio Público y de los organismos auxiliares de la administración de justicia.
La organización, que se se enfocó en 12 casos de ejecuciones extrajudiciales ocurridos en Bolívar, Carabobo, Distrito Capital, Lara y Miranda, determinó en un informe que hubo un uso excesivo de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad del Estado y por los colectivos del chavismo, presuntamente armados, durante las manifestaciones.
Para identificar los patrones en las ejecuciones extrajudiciales se consideraron las fuerzas de seguridad responsables, el perfil de las víctimas, el perfil psicológico de las víctimas, su ubicación geográfica y el lugar de sus heridas.
Además de la conducta desplegada por las fuerzas de seguridad posterior a la ejecución extrajudicial, el retardo y las ausencias en las diligencias de investigación penal, la deficiencia en los protocolos de autopsia y la ausencia de investigación sobre las cadenas de mando.
Víctimas indirectas denuncian impunidad
Las víctimas indirectas afirmaron que hay impunidad.
Defiende Venezuela indicó que entre los hallazgos más relevantes están la realización de investigaciones penales deficientes, protocolos de autopsia insuficientes y la inexistencia de investigaciones tendientes a determinar la posible responsabilidad penal de los superiores.
Eso último, pese a la existencia de suficientes elementos confiables para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad, dijo la ONG, que recopiló la información a través su equipo jurídico como parte del programa de formación e incidencia Programa Transforma.
Entrevistó a los 12 núcleos familiares conformados por 20 víctimas indirectas (como padres, madres y hermanos) y el examen concienzudo de numerosos informes y datos aportados tanto por organismos del Sistema Universal e Interamericano de Protección de Derechos Humanos, como por organizaciones de la sociedad civil venezolana.
Los 12 casos
Defiende Venezuela expuso en orden cronológico los casos de los 12 venezolanos que fueron presuntamente ejecutados de forma extrajudicial durante las protestas de 2017 en los estados Bolívar, Carabobo, Lara y Miranda y en el Distrito Capital.
A continuación:
Daniel Alejandro Quéliz Araca
Estudiante de tercer año de derecho de 20 años de edad. Fue ejecutado el 10 de abril por un funcionario perteneciente a la Policía del estado Carabobo. Recibió un impacto de bala en el cuello, en la urbanización Los Parques de la parroquia Miguel Peña del municipio Valencia.
El 20 de octubre de 2021, los funcionarios Marcos Ojeda, subjefe de la Policarabobo, señalado como el disparador del arma homicida, y Eddien Romero, oficial de la Policarabobo, por complicidad necesaria, fueron condenados a 26 años y 3 meses de cárcel por la juez Séptimo en Funciones de Juicio del estado Carabobo, Irma Gil.
Yoinier Javier Peña Hernández
Lo ejecutó el 10 de abril un miembro de los presuntos colectivos armados por medio de un impacto de bala en el intercostal derecho. Ocurrió en los alrededores del centro comercial Metrópolis de la parroquia Unión, en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara.
Tenía 28 años de edad y fue una persona con discapacidad debido a que sufrió parálisis cerebral cuando era niño.
Luego de seis años, el caso aún se encuentra en etapa de investigación y por esta razón no se tienen expectativas de encontrar justicia en el sistema interno venezolano.
Miguel Fernando Castillo Bracho
Fue ejecutado por un funcionario de la GNB por medio de un impacto de esfera metálica en el intercostal izquierdo que le perforó la base del pulmón, en las Mercedes, municipio Chacao del estado Miranda, el 10 de mayo.
El caso se encuentra paralizado en la etapa de investigación. A sus familiares se les niega el acceso al expediente. Era comunicador social y tenía 27 años de edad.
Diego Fernando Arellano De Figueiredo
Biólogo de 31 años de edad. Lo ejecutó un funcionario de la GNB por medio de un impacto de esfera metálica en el tórax, en la parroquia San Antonio de los Altos del municipio Los Salias, estado Miranda.
El hecho ocurrió el 16 de mayo y aún se encuentra en etapa de investigación.
Augusto Sergio Puga Velásquez
Estudiante de tercer semestre de enfermería de 22 años de edad. Lo ejecutó el 24 de mayo un funcionario de la Policía de Bolívar por medio de un impacto de bala en la cabeza, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Oriente.
El caso tiene retardo procesal y hay pocas expectativas de encontrar justicia, aunque algunos funcionarios fueron imputados por la ejecución.
Entre ellos Airo Annel Medina Delgadillo, Gabriel Alí Navas Centeno, Edwar Rafael Infante Guzmán, Luis Vidal Contino Freides, Derquis José Pérez Malavé, y Christian José Arzolay.
Manuel Alejandro Sosa Aponte
Fue ejecutado el 25 de mayo por un funcionario de la GNB por medio de un impacto de bala en la región infraclavicular, en el municipio Palavecino de Lara. Era un vendedor de 33 años de edad.
Por este crimen identificaron al primer teniente de la GNB Johnnuar José Pastor Arenas, pero seis años después ningún tribunal ha ejecutado la orden de captura.
Neomar Alejandro Lander Armas
Estudiante de 17 años de edad. Un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana presuntamente lo ejecutó por medio de un impacto de bomba lacrimógena en el tórax.
El hecho ocurrió en la avenida Francisco Fajardo, a la altura del municipio Chacao, el 7 de junio. El caso se encuentra en etapa de investigación.
Fabián Alonso Urbina Barrios
Estudiante de segundo semestre de Publicidad y Mercadeo de 17 años de edad. Lo ejecutó un funcionario de la GNB por medio de un impacto de bala en el tórax, en el distribuidor de Altamira, el 19 de junio de 2017.
El funcionario fue condenado el 17 de diciembre de 2020 por el Tribunal N° 19 en funciones de juicio a sentencia de 12 años y 10 meses.
Defiende Venezuela dijo que esta sentencia no se ajusta a la gravedad de los hechos. Sus padres están sometiendo esta sentencia a un recurso de casación, que hasta la fecha no ha sido resuelto por el Tribunal Supremo de Justicia.
Roberto Enrique Durán Ramírez
Asistente camarógrafo de 24 años de edad. Fue ejecutado el 28 de junio por un funcionario de la GNB por medio de un impacto de una esfera metálica en el tórax, en la urbanización Terepaima de Barquisimeto, Lara.
El caso se encuentra en etapa de investigación y la GNB niega la información que se les ha solicitado. La última comunicación recibida por sus familiares, indicó la ONG, es que se pretende cerrar el caso.
Yaneth Coromoto Angulo Parra
Profesora de educación física jubilada, juez internacional y miembro de la Federación Venezolana de Canotaje, de 56 años de edad. Fue ejecutada por un funcionario de la Policía de Lara por impacto de bala en la cabeza.
En ese momento se encontraba en la entrada de su casa, en la urbanización Villa Colonial de la parroquia El Tocuyo del municipio Morán. Ocurrió el 11 de julio.
Al funcionario Eduardo José Monzerratt García lo imputaron por los delitos de homicidio calificado con alevosia y motivos innobles en grado de complicidad correspectiva. También por uso indebido de arma orgánica.
El 26 de agosto de 2021, sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 6 del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción de Lara le dictó sentencia absolutoria. Esa sentencia la apelaron los familiares y el 31 de marzo de 2022 la Corte Apelaciones anuló la sentencia y ordenó el inicio de un nuevo juicio.
Leonardo Augusto González Barreto
Jefe de mantenimiento de un supermercado de 49 años de edad. Lo ejecutaron oficiales de la Policía Municipal de Naguanagua. Recibió un impacto de bala en la espalda cuando iniciaron una persecución a su vehículo, en el sector los Guayabitos el 27 de julio de 2017.
El 7 de febrero de 2022 el Tribunal de Juicio Número 7 de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo declaró a culpables a seis policías por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivos fútiles, uso indebido de arma de fuego, simulación de hecho punible, agavillamiento, y omisión de socorro.
Los oficiales están identificados como Ronal Vidal Patermina Ramírez, Joel Lenin Rodríguez Sánchez, Radameth Gerardo Castillo López, Orumar Johana Medina Blanco, Wuibent Alexander Fernández Riera y Krosslam Josueth Acosta Malpica.
No se juzgó a cadenas de mando ni se ofreció algún medio de reparación por parte del Estado venezolano.
Eduardo José Orozco Porras
Estudiante de comercio exterior de 19 años de edad. Lo ejecutaron el 7 de agosto oficiales del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro. Recibió un impacto de bala en la cabeza, en el distribuidor Bellas Artes de la parroquia Cabudare, municipio Palavecino de Lara.
Eduardo recibió dos impactos de bala en una pierna. Estando en el suelo, los oficiales se acercaron y le dispararon en la cabeza. Luego le pusieron un arma en una mano y efectuaron varios disparos con la intención de acusarlo de terrorismo.
Su caso aún se encuentra en fase de investigación.